Fuentes del Ejecutivo señalaron durante la recepción oficial del 12 de Octubre en el Palacio Real que la Abogacía del Estado estudiará si el fallo puede considerarse una resolución definitiva y, por tanto, susceptible de recurso por parte del Gobierno, o si esa posibilidad corresponde únicamente a los afectados.
Desde el Ejecutivo también sostienen que la decisión del Supremo podría afectar a derechos fundamentales, lo que abriría la vía de recurso ante el Constitucional para las personas perjudicadas por la medida.
Antes de conocerse la resolución, Pedro Sánchez había defendido que excluir a miles de ciudadanos del proceso electoral supondría una vulneración del principio de igualdad. El presidente recordó además que desde la entrada en vigor de la Ley de Memoria Democrática se han celebrado varios comicios sin incidencias relacionadas con estas inscripciones.
Tanto la Fiscalía como la Abogacía del Estado solicitaron al Supremo que levantara la suspensión cautelar, alegando la imposibilidad material de revisar a tiempo cerca de 170.000 expedientes afectados por la medida antes de las elecciones del 29 de noviembre.
