Se trata, de Levantina Ingeniería y Construcción (LIC) y Obras Públicas y Regadíos (OPR), cuyos propietarios hasta ahora, José Ruz y los hermanos Antonio y Daniel Fernández Menéndez respectivamente, están investigados y con medidas cautelares en la causa que instruye el juez Leopoldo Puente en el Tribunal Supremo.
Por un lado, el juez ha ordenado la liquidación de Levantina Ingeniería y Construcción (LIC), cuya unidad productiva fue adquirida en marzo por la familia Almenar, antiguos socios de una de las grandes constructoras valencianas que no logró sobrevivir a la burbuja del ladrillo, Cyes. Los Almenar han encontrado ahora una segunda oportunidad para regresar con fuerza a la actividad de la obra pública.
A falta de los datos del último ejercicio, LIC alcanzó una facturación de 60,2 millones de euros en 2023, año en el que sufrió unas pérdidas de 39,5 millones de euros. La firma entró en causa de disolución con un patrimonio neto negativo de 18,2 millones y acabó entrando en concurso. Una vez traspasados los activos productivos, el juzgado de lo mercantil número 1 de Valencia ha emitido el auto de liquidación de la sociedad. Por otro lado, el juzgado de lo mercantil número 7 de Madrid decretó también a final de julio el concurso de OPR, con 34 millones de facturación en 2023 y un resultado después de impuestos ese año de 262.000 euros, el último ejercicio con cuentas presentadas. LIC va a liquidación tras haber recibido subvenciones públicas de 202.700 euros, mientras que OPR ha recibido ayudas de 22.500 euros de dinero público por parte del ministerio de Industria.
