Según ha relatado ante el magistrado, recibió una llamada del exasesor ministerial Koldo García en la que le pedía que dejaran de insistir en conseguir la licencia de operador de hidrocarburos. Esa gestión era clave para que la empresa pudiera operar legalmente en el sector y motivó contactos con el Ministerio de Transición Ecológica.
Según fuentes presentes en la declaración, Marín ha contado que no sabía quién era la persona que le llamaba, pero que se quedó con el nombre —Koldo— porque le llamó la atención. Asimismo, ha asegurado que apenas tuvo contacto directo con el empresario Víctor de Aldama. Solo coincidió con él una vez, en Bilbao, en una reunión para valorar la posible compra de unos depósitos, una operación que no llegó a cerrarse.
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil considera a Marín un «testaferro cualificado» dentro del entramado empresarial investigado y subraya su papel como cara visible ante la administración. Su declaración se enmarca en la causa que investiga un presunto fraude que el Instituto Armado cifra en más de 231 millones de euros entre 2021 y 2024.
Además, Marín ha señalado que, durante su etapa en la empresa, recibía instrucciones directas de María Luisa Rivas, hermana del empresario Claudio Rivas, socio de Aldama. Ha explicado que era ella quien llevaba las cuentas bancarias de Villafuel y que la empresa tenía dificultades para operar con entidades financieras, ya que muchas se negaban a trabajar con compañías del sector de los hidrocarburos.
El directivo también ha mencionado varias videoconferencias mantenidas con altos cargos del Ministerio de Transición Ecológica, centradas en cuestiones técnicas sobre la obtención de la licencia. Su declaración ha ido en la misma línea que la de Francisco Javier Cillán, supuesto cerebro de la trama, que se presentó como un mero administrativo que seguía órdenes de María Luisa Rivas, aunque también señaló que acataba instrucciones del propio Marín.
