El instructor les envía al banquillo tras procesarles por estos hechos e impone además a los dos primeros el pago de una fianza de 60.000 euros. El ex ministro de Transportes se enfrenta a una petición de la Fiscalía Anticorrupción de 24 años de cárcel, mientras que el que fuera su mano derecha afronta 19 años y el comisionista 7 años de cárcel.
Del mismo modo, el instructor acuerda mantener las medidas cautelares impuestas para todos ello; esto es: prisión provisional sin fianza para los dos primeros mientras que Aldama tiene prohibido salir de España y debe comparecer quincenalmente en el juzgado. Todos ellos serán juzgados por los delitos de integración en organización criminal, cohecho continuado, uso y aprovechamiento de información privilegiada, tráfico de influencias, malversación, falsedad en documento oficial y prevaricación. A petición de la Fiscalía Anticorrupción, el juez abre una pieza separada de responsabilidad civil e impone una fianza de 60.000 euros para el ex dirigente socialista y su antiguo asesor. La resolución, que es firme, da un plazo de 10 días a las partes para que presenten los escritos de acusación y los escritos de defensa. El magistrado de la Sala de lo Penal les procesó a principios de noviembre, por los hechos investigados en esta pieza separada de la causa que arrancó en el alto tribunal por la condición de aforado
En un primer momento se investigó el presunto reparto de mordidas entre los investigados por los contratos de emergencia para el suministro de material sanitario a la empresa Soluciones de Gestión. El foco se puso en las adjudicaciones de Puertos del Estado y de Adif (entes dependientes del Ministerio de Transportes) por los que, según confesó Aldama en sede judicial, se habrían repartido comisiones millonarias.
«Los tres convinieron que, aprovechando el cargo que ostentaba el Sr. Ábalos en el Gobierno de España, podrían favorecer, naturalmente a cambio del correspondiente beneficio económico del que todos participarían, la contratación con la Administración Pública, en cuantas ocasiones hubiera oportunidad, por empresas cuyos intereses captaría y promovería el Sr. de Aldama», explica el instructor.
Con todo, esta pieza ha ido sumando otras aristas vinculadas a las acciones de Ábalos, muchas de las cuáles arrancaron a raíz de las confesiones de Víctor de Aldama. Destaca, por ejemplo, la compra de un presunto inmueble por parte de Aldama en el Paseo de la Castellana y que pretendía regalar a Ábalos a cambio de que este, presuntamente, le mantuviera abiertas las puertas de la Administración.
Del mismo modo, también se juzgará el presunto pago por parte de Ábalos a Koldo de 10.000 euros mensuales también para que le facilitara hacer negocios en el departamento de Transportes o las entregas de dinero que se efectuaron en República Dominicana a Joseba García, hermano de Koldo García, y que, según sospecha la Guardia Civil, ocultaría una dinámica de blanqueo de capitales. Igualmente, en esta pieza se ha investigado lo relativo al pago del alquiler del piso de Jesica Rodríguez, expareja de Ábalos, así como su contratación en dos empresas públicas. Sobre el primero de los puntos Puente expuso en su auto de procesamiento que habría quedado acreditado que Alberto Escolano, socio de Aldama, asumió los gastos de la vivienda de lujo de la que disfrutó esta joven hasta meses después de romper su vínculo con el exministro.
Además, se indagó si Ábalos medió a través de Koldo para enchufarla en Ineco y Tragastec, empresas públicas donde estuvo en nómina Rodríguez pese a no acudir a trabajar ningún día. Igualmente, el instructor considera acreditado que el exasesor de Ábalos promovió la «arbitraria contratación» de la exMiss Asturias Claudia Montes, en Logirail, empresa dependiente de Transportes.
Además, también se juzgará la presunta mediación de Ábalos en el rescate de Air Europa; en concreto, si disfrutó de una villa en el verano de 2020 en Marbella a cambio de acelerar el compromiso del Gobierno en la inyección de la millonaria ayuda pública que recibió la compañía de Los Hidalgo.
