A la vez, el titular del Juzgado de Instrucción Número 9 de Madrid ha citado a Rubén Villalba, comandante de la Guardia Civil investigado en el ‘caso Koldo’, para que testifique sobre si Díez le habría ofrecido protección y favores a cambio de que le facilitara información sobre el Instituto Armado. Stampa, conocido por haber sido uno de los fiscales de Anticorrupción en el ‘caso Villarejo’, y Grinda, fiscal del ‘caso 3%’, presentaron denuncias por esos presuntos hechos ante la Fiscalía, que pidió al juez que las incorporara a la causa. Aunque en el instructor se opuso al principio, después aceptó esa petición.
El fiscal Stampa explica en su denuncia, presentada ante la Fiscalía de la Comunidad de Madrid y a la que tuvo acceso Europa Press, que mantuvo una reunión el pasado 7 de mayo con Díez y el empresario Javier Pérez Dolset, también investigado en este procedimiento.
Durante esa reunión, Díez y Pérez Dolset le dieron a entender que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, «había dado la orden de limpiar, sin límite», al darse a conocer la investigación judicial abierta a su esposa, Begoña Gómez, según relata Stampa en su denuncia. «Cuando, además de para qué me llamaban, pregunté por qué ahora, el señor Pérez Dolset expresó que ‘cuando salió la imputación de Begoña (Gómez), Leire (Díez) le llamó porque el presidente había dado la orden de limpiar, sin límite’ y que ‘la situación hay que revertirla, caiga quien caiga, y eso es lo que ha dicho el presidente», apunta.
Stampa afirma que, al preguntarle a Díez quién era, la mujer le contestó que era «la persona que ha puesto el PSOE para saber qué hay detrás de todo eso». El fiscal le preguntó a qué se refería: «¿Detrás de qué?», a lo que la exmilitante socialista le habría respondido que se trataba de «las irregularidades en informes policiales y de los fiscales anticorrupción».En la denuncia, Stampa indica que no le propusieron «ninguna actuación de naturaleza delictiva de forma directa», pero que sí le preguntaron «en varias ocasiones, tan insistente como veladamente, por irregularidades» que pudiera conocer «de los tres funcionarios contra los que dirigieron sus continuas y más graves críticas: los fiscales anticorrupción Alejandro Luzón y José Grinda y el magistrado Manuel García Castellón».
«La reunión concluyó sin que consiguieran de mí ni una sola de las ‘informaciones’ que equivocadamente esperaban obtener como tampoco ninguna otra», agrega, subrayando que el objetivo de sus interlocutores «no era disculparse».Según indica, le habían citado a través de un tercero que le trasladó «el interés del Gobierno» en contactar con él «con el fin de disculparse» por el trato «injusto» que recibió durante su salida de la Fiscalía Anticorrupción en octubre de 2020.
Y le comunicaron, añade, que «la reunión se mantendría con la persona que actuaba como intermediaria, el empresario Javier Pérez Dolset, así como con el (entonces) secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, quien lo haría en nombre del Gobierno» y que «no acudió».
Indica que también pretendían sacarle información «o algún comentario que le desprestigiara» sobre el fiscal Grinda. «Me hablaban de algunas intervenciones procesales suyas y, con especial saña y mal gusto, de otras supuestas y sórdidas actuaciones personales», agrega. Y señala que Díez le aseguró que se iban a tomar las medidas necesarias para que «las cosas fueran a mejor» y que volviera a asumir el ‘caso Villarejo’ en la Fiscalía Anticorrupción, a lo que él le contestó que su intención no era volver a dicho trabajo.
En la misma línea, el fiscal anticorrupción Grinda denunció que un periodista le ofreció un «soborno» que dijo que estaba avalado por «las más altas instituciones o personas del Estado», dando el nombre de «Leire», para que tumbara varias causas y diera supuesta información sobre comportamientos delictivos de su jefe, Alejandro Luzón, a cambio de un destino en el extranjero y neutralizar una demanda en su contra. Grinda, que presentó la denuncia al propio Luzón, relata que se reunió con su «amigo» Pere Rusiñol –periodista y también investigado– el pasado 27 de febrero en una terraza de Madrid porque le había dicho que quería verle y le indicó que «tenía una propuesta de alguien», sin especificarle quién y dándole dos folios doblados.
Entre las peticiones, se le solicitaba archivar varias causas «reconociendo o diciendo que han sido fruto o consecuencia de actuaciones abusivas, o un término por el estilo, de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado», concretamente los casos «Pujol-Draco y otros relacionados»; «3%, Sumarroca y otros»; Aguas de Girona; y ZED; así como los de Banca Privada de Andorra, Banco de Madrid, Duro Felguera y Caranjuez.
Grinda expone que se le aseguró que esa oferta «ya no tenía vuelta atrás y que se debía realizar todo en la más estricta confidencialidad, sin acudir al auxilio de terceras personas y sin acudir al fiscal general del Estado».
Y concreta que Rusiñol le comentó que «él entendía que la persona que pudiera avalar este acuerdo es alguien que conoce como Leire», a lo que el fiscal contestó que no actuaría «en contra de la ley o del principio de legalidad».
Cuando le citaron para ratificar la denuncia, apuntó que quedó con Rusiñol porque «le consideraba un amigo –ya no tanto–«, y que le aseguró que no conocía el contenido de los dos folios pero que iba «enviado por personas», no como «periodista».
Por su parte, el comandante Villalba ha sido llamado después de que Hazte Oír denunciara que Díez se reunió con él en marzo de este año «para ofrecerle protección judicial y un puesto en la Dirección General de la Guardia Civil a cambio de información sensible para desmontar la Guardia Civil y echar por tierra las causas judiciales que afectan al partido socialista».
Los tres investigados –Díez, Pérez Dolset y Rusiñol– están citados a declarar el próximo 11 de noviembre por presuntos delitos de tráfico de influencias y cohecho, en una causa que se abrió después de que se dieran a conocer los audios en los que se escucha a la exmilitante del PSOE ofrecer favores a cambio de información comprometedora contra miembros de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y de la Fiscalía.
El Ministerio Público y el juez instructor consideran que Díez «lidera» una «actuación delictiva, continuada y coordinada» con Pérez Dolset y Rusiñol para recabar dicha información con el fin de «anular o malbaratar» las investigaciones de la Benemérita y Anticorrupción en «casos relevantes que afectan a políticos y empresarios».
