García Cerdá niega que estemos ante una causa «política» y subraya que se investigan «actuaciones graves de corrupción que no entienden de ideología política alguna». Los recursos reclamaban la nulidad de las actuaciones por vulneración de derechos y este enfoque es, según anticorrupción, un síntoma de que «no buscan esclarecer la verdad, proponiendo pruebas de descargo, sino solo la nulidad de unas actuaciones seguidas con profesionalidad y respeto a los principios procesales y constitucionales». Se ha seguido en todo momento, subraya, «un escrupuloso y exquisito comportamiento».
El escrito del Ministerio Público, descarta que Equipo Económico cobrara por una «labor de asesoramiento» porque lo que hizo, dice, fue «hacer suyos» los informes de otra consultora «para interceder ante funcionarios del Ministerio de Hacienda, cobrando por ello» y pagando comisiones «a alguno de los funcionarios implicados».
