La Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) ha formulado una queja formal ante la Inspección Fiscal, «al amparo de lo dispuesto en el artículo 13.4 del Real Decreto 305/2022, de 3 de mayo por el que se aprueba el Reglamento del Ministerio Fiscal», por el modo de proceder en la designación y la «intervención de fiscales ante el Tribunal Supremo» en la causa en el que el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, está acusado por un delito de revelación de secretos. Un procedimiento que a juicio de la entidad corporativa «ni cumple las normas estatutarias, ni con el Principio de Transparencia en la actuación de la Fiscalía».
El motivo de la queja planteada por la APIF, es la «falta de transparencia en la designación de fiscales en dicho procedimiento» habiendo tenido conocimiento la APIF que «se prevé la intervención del fiscal superior de Extremadura en el mismo y en concreto en las sesiones de juicio» que se celebrarán en el Alto Tribunal del 3 al 13 de noviembre próximo.
«La APIF denuncia que tal designación se hace al margen de lo dispuesto en el artículo 26 de la Ley 50/1981, de 30 de diciembre, por la que se regula el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal que prevé que sea el Fiscal General del Estado la autoridad que pude designar a cualquier miembro del Ministerio Fiscal para que actúe en un asunto determinado ante cualquiera de los órganos jurisdiccionales en que el Ministerio Fiscal está legitimado para intervenir, oído el Consejo Fiscal», lamentan los fiscales.
«No consta que el nombramiento para intervenir en el procedimiento ante el Tribunal Supremo lo hubiere hecho el Fiscal General del Estado y nos preguntamos cuál ha sido la intervención del Consejo Fiscal en dicho nombramiento. De la lectura del Estatuto se desprende que solo el Fiscal General del Estado puede designar a un fiscal para intervenir ante un Tribunal ante el que su nombramiento publicado en el Boletín Oficial del Estado no le habilita a intervenir», añaden.
«Desconocemos la razón por la que la intervención ante el Tribunal Supremo no se hace en favor de un Fiscal destinado en la Sección Penal de dicho Tribunal», han denunciado desde la APIF que está personada como acusación popular en la causa especial abierta por la Sala Segunda de lo Penal contra García Ortiz.
«Igualmente desconocemos por qué el requerimiento del Magistrado Instructor del Tribunal Supremo para que la Inspección Fiscal informara al Alto Tribunal de las actuaciones que efectuara sobre la posible suspensión del Fiscal General del Estado ha sido despachado por el Teniente de la Inspección y no como parece lógico por la Excma. Fiscal Inspectora dado que la Autoridad requirente es el Tribunal Supremo», han destacado.
Por todo ello, la «APIF solicita que se tramite la queja interpuesta por la forma de proceder en las designaciones mencionadas y se resuelva en derecho por la Inspección, como corresponde a este tipo de casos».
