Fuentes jurídicas han explicado que el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 4, José Luis Calama, decidió no prorrogar la instrucción, cuyo plazo venció el pasado 29 de abril, aunque todavía está pendiente de resolver una serie de cuestiones. Entre las mismas, el magistrado todavía debe responder a la petición de imputación del Banco Santander realizada por Aeris Invest, el vehículo de inversión del empresario chileno Andrónico Luksic.
El instructor denegó el pasado 28 de abril –un día antes de dar por concluida la instrucción– todas las diligencias instadas por Luksic. Calama, que se hizo eco de las palabras de Fiscalía, entendía que los hechos en los que sustentaba su pretensión Aeris Invest no podrían «ser tenidos en cuenta como fundamento» que justificase «la transferencia o traslado de responsabilidad y por ende» tener como «persona jurídica investigada» al Santander.
En ese auto, el instructor explicaba que la cuestión relativa a la imputación del Santander sería resuelta en un auto independiente que estuviese debidamente motivado en el que se pudiera «fundamentar debidamente dicha cuestión». Cabe reseñar que el mismo día en que el magistrado denegó esas diligencias la propia Aeris Invest comunicó al juez Calama su intención de desistir como acusación particular, pasando a ejercer la condición de parte actora civil «en defensa y representación de los derechos civiles que le asisten como consecuencia de las acciones penales promovidas en la presente causa».
Una vez que el instructor resuelva sobre estas cuestiones, y con la instrucción concluida, el siguiente movimiento por parte del juez será decidir si continúa por los trámites del procedimiento abreviado o si archiva la causa. La investigación sobre el Popular, que fue inicialmente asumida por el entonces titular del juzgado, Fernando Andreu, supone la causa más extensa y compleja de la que se ha encargado Calama, y a la que ha dedicado gran parte de sus esfuerzos desde que llegó al Central de Instrucción Número 4, que también se encarga de ahondar en el presunto espionaje a miembros del Gobierno en el ‘caso Pegasus’.
A lo largo de casi seis años de instrucción el magistrado ha interrogado entre otros a los expresidentes del Popular, al exministro de Economía Luis de Guindos, a la presidenta del Santander Ana Patricia Botín o mandatarios de organismos internacionales como la Junta Única de Resolución, habiendo recabado además numerosa documentación e informes periciales.
