La entidad ha comunicado al juez de la Audiencia Nacional García Castellón, que investiga el ‘caso Villarejo’, que no aportará la información reclamada sobre el cese, despido o jubilación de los exdirectivos imputados en el procedimiento relativo a la contratación del comisario jubilado José Manuel Villarejo entre 2004 y 2017, y a quien se abonó 10,3 millones de euros.
El equipo jurídico del banco ha remitido un escrito al Juzgado Central de Instrucción número 6, en el que afirma que la documentación que se interesa, además de ser «una petición genérica en la que no se solicitan documentos concretos», se refiere a personas que están investigados y que, por tanto, se podría afectar su «derecho fundamental a la intimidad e incluso al secreto bancario». Así, pese a que la Fiscalía Anticorrupción ha reprochado en numerosas ocasiones que no es cierto que BBVA, que está investigado como persona jurídica, esté colaborando con la instrucción, al contrario de lo que defiende el banco, los abogados han considerado que lo más oportuno es no facilitar esta información. Es más, para justificar la decisión, el escrito, subraya que «a diferencia de lo ocurrido en otras ocasiones y por primera vez en este procedimiento, no se requiere coactivamente («forzosamente»)» al banco unos documentos para evitar poner en riesgo su derecho de defensa.
De este modo, BBVA responde al auto que el juez instructor dictó el pasado 23 de enero, en el que, a instancia de Anticorrupción, pidió toda la documentación relativa “al despido, jubilación, prejubilación, etc.” de los exdirectivos investigados en la novena pieza de la macrocausa abierta por los negocios del agente encubierto, como el expresidente Francisco González o el exjefe de Seguridad Corporativa, Julio Corrochano, y reclamó que, en los casos en los que hubo indemnización, se incluyeran “la referencia al clausado del contrato” donde se recogía la compensación. Todo ello después de que el ministerio público advirtiera de que había recibido un correo electrónico anónimo que alertaba de que Corrochano, principal imputado por hacer de interlocutor entre el banco y Villarejo, había pactado una «salida amistosa» a comienzos de 2018. En dicha resolución, el magistrado precisó que la solicitud estaba sujeta a que la entidad aportara los documentos «de modo voluntario».
Acogiéndose a esto último, BBVA entiende que «lejos de tratarse de un requerimiento se trata más bien de una suerte de invitación» y, por tanto, se niega a entregar los datos en cuestión. Así, concluye que «carece de cobertura legal para entregar información y documentación» sobre los exdirectivos imputados y sugiere al magistrado solicitar dichos archivos a cada una de sus defensas.
Solo unos días después de la petición del juez, el propio Corrochano hizo llegar el acuerdo de salida que firmó con BBVA el 13 de abril de 2018 para aclarar que el banco le dio una indemnización de 618.145 euros por su despido, que tuvo lugar justo un mes antes de que empezaran a aparecer las primeras noticias sobre los encargos que hizo la entidad al Grupo Cenyt, el entramado empresarial del comisario jubilado, aunque no se hace ningún tipo de mención a ello. El exjefe de Seguridad aseguró que la cantidad acordada fue “del todo acorde con el salario” que percibía, que según consta en el acuerdo era de 174.500 euros anuales.
Por su parte, el que fuera máximo responsable del banco, González, y el exdirector de servicios jurídicos de BBVA, Arbizu, han presentado sendos recursos contra la decisión de reclamar la documentación sobre las condiciones que acogieron su marcha de la entidad. El expresidente cuestiona en su escrito,, la pertinencia de esta diligencia, al considerar que «carece de relación alguna con el objeto del procedimiento», ni ayuda a esclarecer los hechos que están siendo investigados. Asimismo, recuerda que, en su caso, él «ni se jubiló, ni se prejubiló, ni fue despedido», sino que dimitió primero como presidente ejecutivo y después como presidente de honor.
En la misma línea se pronuncia la defensa de Arbizu, que advierte que la prueba que se pretende recabar es «prospectiva» y denuncia una vulneración del derecho fundamental a la intimidad y a la protección de datos. Así, cuestiona que un aviso anónimo sobre la situación de un directivo concreto se extienda al resto de investigados.
