La Generalitat ha propuesto la denuncia a través de la Agència Catalana del Consum de la Conselleria de Empresa y Trabajo. La Agència abrió el expediente a Renfe por unas supuestas infracciones «muy graves» al gestionar una avería que afectó a la circulación de las rutas de la R2 sur entre Barcelona y Sant Vicenç de Calders en Tarragona.
Tras realizar varias inspecciones, atribuyeron al operador ferroviario «prácticas comerciales desleales y falta de atención a los usuarios», exponiendo a la empresa a multas que podrían oscilar entre los 100.001 euros y un millón de euros, según el régimen sancionador del Código de Consumo. Consum consideró hechos agravantes la falta de confianza que generó la avería y su gestión en sus consumidores, así como la posición prevalente de Renfe como operador principal en el sector.
El expediente se basa en «el marco limitado de actuación que tiene el sector ferroviario». Este marco se centra mayoritariamente en aspectos de atención e información a los consumidores. El organismo mantiene actualmente abiertos dos expedientes más, aún en fase de tramitación, por las «deficiencias detectadas» en las estaciones del Camp de Tarragona, Reus y l’Aldea-Amposta-Tortosa (Tarragona) en mayo.
Renfe analizará el expediente de la Agencia Catalana de Consumo, según ha señalado a Efe un portavoz de la compañía ferroviaria, que cuenta ahora con un plazo de diez días para recurrir la propuesta de sanción. La compañía pública alega que cuando reciba la comunicación oficial, entonces podrá analizar el expediente y decidir si recurre. Renfe quiere analizar los argumentos de la Agencia Catalana del Consum junto a la Generalitat, que recuerda que es el titular del servicio, para ver qué medidas se deben plantear. En cualquier caso, Renfe subraya que «todas las modificaciones de servicio en el ámbito de Rodalies fueron consensuadas con el titular del servicio, en comunicación permanente desde el inicio de la incidencia en la noche del 1 de mayo».
