La conocida como ‘Directiva sobre el Pilar Dos’ obligaba a todos los Estados miembros a poner en marcha las disposiciones legales necesarias para hacerla efectiva antes del 31 de diciembre de 2023, y a comunicar inmediatamente a la Comisión el texto de dichas disposiciones, que deberían entrar en vigor en el ejercicio fiscal 2024. El Gobierno aprobó el pasado mes de junio en Consejo de Ministros el mecanismo para incorporar a la legislación nacional dicho acuerdo, que fue adoptado en el seno de la OCDE.
En el año 2022 el Ejecutivo había dado luz verde a un tipo mínimo del 15% en Sociedades que se aplica sobre la base imponible, mientras que la directiva comunitaria exige que el gravamen afecte al resultado neto contable ajustado de las empresas. El texto aprobado en el Consejo de Ministros -que cumple con este último requisito- está pendiente aún de superar el trámite parlamentario.
«Hasta la fecha, casi todos los Estados miembros de la UE han cumplido estas obligaciones; sin embargo, España, Chipre, Polonia y Portugal aún no han notificado las medidas nacionales de transposición», explica el ejecutivo comunitario que precisa que ya envió dictámenes motivados a dichos estados el pasado mes de mayo.
«La Comisión reconoce que las autoridades están realizando esfuerzos significativos para finalizar su legislación nacional de aplicación del Pilar Dos, pero, hasta la fecha, estos Estados miembros no han notificado las medidas de transposición y, por lo tanto, está dando el paso formal de llevar a España, Chipre, Polonia y Portugal ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por falta de transposición de las disposiciones pertinentes de la UE», detalla en un comunicado. Las economías más desarrolladas del planeta acordaron en 2022 establecer este tipo del 15% en Sociedades para tratar de evitar que los grandes grupos y multinacionales trasladen sus beneficios a paraísos fiscales o a países con niveles muy bajos de impuestos (como sucede, de hecho, en el caso europeo con Irlanda o Luxemburgo).
El pacto fue adoptado por un total de 140 estados de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico y España tenía pendiente detallar cómo iba a incorporar la directiva europea que desarrolla esta iniciativa. Recientemente, el Consejo General de Economistas calculó que este tipo mínimo efectivo en Sociedades recaudará alrededor de 1.000 millones de euros, pudiendo llegar a lo sumo a 2.000 millones de euros.
