La vicepresidenta segunda ha asegurado en su intervención que ésta «va a ser, seguramente, la política más difícil que nos va a tocar defender». «Nos vamos a tener que dejar la piel», ha dicho Díaz, recordando que la reducción de jornada laboral «es la medida que más desea y valora el conjunto de los españoles, voten a quien voten». Y ha pedido ante un auditorio lleno de delegados sindicales de CCOO que «recorran el país de arriba a abajo para que el sentido común de la calle llegue al voto decisivo del Congreso de los Diputados».
Por su parte, la CEOE ha manifestado su rechazo ante el anuncio y ha acusado a la ministra de Trabajo, de «oportunismo político», al sacarlo adelante en la antesala del Primero de Mayo. En un comunicado remitido este jueves, la patronal ha llamado a la «responsabilidad» para que durante el trámite parlamentario de la norma se tenga en cuenta su opinión y se disponga de un adecuado análisis de impacto económico.
CEOE ha dicho que defiende la reducción de la jornada, pero «ajustada a las necesidades de cada sector a través de la negociación colectiva» y ha advertido del «grave impacto» que tendrá sobre la actividad económica y el empleo, en especial, pymes y en algunos sectores.
La patronal ha señalado que sólo la intención de reducir el tiempo de trabajo, antes incluso de ser aprobada la norma, «está ocasionando ya un freno en la negociación colectiva», una infraestructura que, ha dicho, va a ser dinamitada al situarse la jornada máxima legal por debajo de la jornada promedio pactada en los convenios colectivos. Asimismo, los nuevos requerimientos que la norma recoge sobre el registro horario «son de muy difícil cumplimiento» por falta de infraestructura y competencias digitales en empresas y trabajadores. También ha considerado que el derecho a la desconexión «ya está suficientemente preservado en la normativa vigente»
La reducción de jornada, desde las 40 horas semanales de la actualidad hasta las 37,5 horas, también incluye el derecho a la desconexión digital, para que se respete el descanso y la propia intimidad de los trabajadores, y llevará de la mano la reforma del control horario objetivo, fiable, accesible e interoperable, un elemento clave para que se cumpla el tiempo de trabajo. Además, en el caso de incumplimiento de las obligaciones en materia de registro de jornada, la iniciativa recoge que habrá una infracción por cada persona trabajadora afectada cuando no exista registro o los datos sean falseados.
Los incumplimientos en materia de organización y ordenación del tiempo de trabajo que generen riesgo grave para la seguridad y salud de las personas trabajadoras se calificarán como infracción muy grave y conllevarán multas de entre 1.000 y 10.000 euros. Las empresas tendrán hasta el 31 de diciembre de 2025 para realizar las adaptaciones necesarias en sus convenios colectivos que aseguren el cumplimiento de lo previsto en la norma, en particular, lo establecido respecto a la duración de la jornada. El anteproyecto de ley fue visto en primera vuelta en el Consejo de Ministros del 4 de febrero, tras lo que ha superado diferentes trámites, entre ellos, el del Consejo Económico y Social (CES) que, aunque reconoció su relevancia social y apostó por avanzar en ese objetivo, consideró que su impacto económico está «insuficientemente fundamentado e incompleto».
