Los dirigentes de CEOE sitúan el inicio del deterioro de esta relación en el acuerdo que alcanzaron con Trabajo para reducir la jornada laboral a 37,5 horas a la semana. Esta materia no formó parte de los puntos acordados a mediados de 2023 en el último Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC) y después, los contactos llevados a cabo para abordar el recorte de jornada de forma específica tampoco tuvieron éxito.
A este choque respecto a la iniciativa impulsada por el Ministerio de Trabajo y que fue frenada por Vox, PP y Junts en el Congreso de los Diputados con una enmienda a la totalidad se le suman una serie de cambios que los sindicatos quieren impulsar junto al Gobierno en el próximo año y a los que CEOE se opone de forma rotunda. La indemnización por despido improcedente es la modificación de mayor calado en este cronograma y la que para los empresarios impugna la reforma laboral que pactaron en 2021, pero por el momento parece parada.
Sin embargo, las organizaciones empresariales expresan una honda preocupación por los cambios que Yolanda Díaz busca introducir en el texto que acompañará a la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI). Trabajo busca evitar en este real decreto que las empresas puedan recortar o eliminar los pluses salariales de los trabajadores para ajustar los salarios al SMI, de forma que todos los trabajadores que tengan un salario base más bajo que el nuevo SMI se vean afectados.
CEOE ya ha advertido que recurrirá a los tribunales este reglamento, tal y como adelantó este periódico, por entender que los cambios planteados chocan con las licencias que concede a las empresas el Estatuto de los Trabajadores y las sentencias del Tribunal Supremo, por lo que tendrían que ser cambiadas por ley y no con un real decreto. Además, entienden que este paso supone romper la negociación colectiva en tanto que acaba con la estructura salarial que han consensuado durante décadas empresas y trabajadores en los convenios.
Además, en las últimas semanas el Gobierno ha acordado solo con los sindicatos la reforma de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales –que introducirá nuevas obligaciones para las empresas en materia de salud mental– y ampliar los permisos por fallecimiento hasta 10 días, crear un nuevo permiso por cuidados paliativos y para acompañar a una persona que se someta a una eutanasia.
En el primer caso, CEOE defiende que las empresas no tienen por qué hacerse cargo de los problemas psicosociales, que entienden que surgen fuera del trabajo y en el segundo, señalan que las ampliaciones de permisos llevadas a cabo hace dos años han generado muchos problemas e incertidumbre entre las empresas que consideran que deberían abordarse primero. Al mismo tiempo, denunciaron que la propuesta de Trabajo no estaba madura, al no detallar por ejemplo si el permiso que ahora llaman de duelo se sumaba al de fallecimiento.
Esta serie de pasos llevados a cabo por el Gobierno en sintonía con los sindicatos han asentado en la cúpula de CEOE un clima de desconfianza hacia CCOO y UGT que se ha verbalizado en las últimas reuniones de los órganos directivos de la patronal. Los empresarios ya deslizaron que no estaban dispuestos a abordar el acuerdo sobre las subidas salariales de los tres próximos años mientras no se despejase la incógnita de la reducción de jornada, si bien, con esta variable ya al margen del debate tampoco han mostrado interés en poner fecha al inicio de las conversaciones con los sindicatos.
Por el contrario, es habitual que los representantes de los trabajadores hagan referencia a esta mesa que entienden que se debe abrir cuanto antes y a la que quieren trasladar tanto el problema de la vivienda como variable a tener en cuenta para la propuesta de subidas salariales, como el calendario para reducir la jornada laboral en el marco de la negociación colectiva. Según ha podido saber este periódico, CCOO y UGT liman los últimos detalles de la propuesta conjunta que presentarán a mediados de enero para instar a CEOE y Cepyme a debatirla. No obstante, reconocen dificultades para empezar a plantearlo.
Lo cierto es que el malestar no es exclusivo de los empresarios situada en Diego de León, 50. Los representantes de los sindicatos se muestran muy críticos con la posición adoptada por la patronal en las últimas mesas de negociación y reprochan –como también hace el Gobierno– que las organizaciones empresariales se están moviendo solo por intereses políticos y bloqueando acuerdos que creen que en otro momento de la legislatura sí habrían salido adelante, como es el caso de la norma de prevención de riesgos que negociaron por 20 meses.
Si CEOE piensa que los sindicatos acuden al Ejecutivo cada vez que no consiguen algo a través de la negociación colectiva, CCOO y UGT creen que los empresarios esperan a que gobierne el PP y les solucione los problemas. El que dista de ser el clima idóneo para iniciar las conversaciones de un acuerdo que no solo aborda los porcentajes de subida salarial, sino recomendaciones en materia de teletrabajo, el tratamiento de las bajas por incapacidad o garantías para los contratos fijos discontinuos.
Este diciembre caduca la referencia pactada para 2025, por lo que las fuentes del diálogo social consideran aconsejable empezar cuanto antes estas conversaciones, ya que habrá mesas de negociación de convenios que esperen estas guías para firmar pactos. El último AENC se firmó después de dos años sin un marco, por la pandemia y la crisis de precios, y esta tampoco sería la primera vez que se cerraría con el año avanzado. Los dos primeros (2010 y 1014) se firmaron en enero y febrero, pero el de 2018 se presentó en el mes de julio.
