La última gran medida del departamento de la vicepresidenta, la conocida como ley para la democracia en el trabajo, no contará con el apoyo de las organizaciones empresariales que se niegan si quiera a participar en la mesa de diálogo social que estaba convocada para el 12 de marzo.
Este toma de posicion de CEOE y Cepyme se suma a una larga lista de desencuentros: subida del salario mínimo interprofesional, ley de prevención de riesgos laborales, reforma del despido, Estatuto del Becario, entre otros. En este caso, las organizaciones dirigidas por Antonio Garamendi y Ángela de Miguel son contundentes en su rechazo. Aseguran que la medida «supone un nuevo ejercicio de intervencionismo y una vulneración del derecho a la propiedad privada».
De este modo, la patronal da portazo a la negociación tras haber tomado la decisión de no acudir a la mesa en un Comité Ejecutivo extraordinario. «En un momento en el que el conflicto armado en Oriente Próximo amenaza con generar una nueva crisis económica mundial, es sorprendente que Trabajo vuelva a centrarse en un ataque populista y de profunda carga ideológica contra el mundo de la empresa, con posibles implicaciones negativas», señalan los empresarios en un comunicado asegurando que se trata de un «ataque» que no hace sino generar mayor desconfianza y «desalentar las inversiones en nuestro país». Además, critican que la medida parte de la premisa de una supuesta falta de democracia en la empresa para «poner sobre la mesa un modelo socioeconómico propio de regímenes autoritarios del pasado supone» y despreciar la negociación colectiva.
En este sentido, la participación en los consejos y la entrada en la propiedad de las sociedades, son los pilares fundamentales del proyecto de ley que pretende impulsar el Gobierno. Se plantea en el informe elaborado por el comité de expertos convocado por Trabajo que un tercio de los puestos en el consejo de administración en las empresas de entre 50 a 1.000 empleados y que supongan la mitad de los asientos en las empresas de más de 1.000 personas trabajadoras.
En el caso de la propiedad, plantea umbrales mínimos con un requisito legal de abrir el capital a la propiedad de los trabajadores al menos de 2% y con un mínimo del 10% en grandes corporaciones. También la creación de fondos ciudadanos posiblemente regionales gobernados por trabajadores para adquirir acciones en crisis de sucesión, evitando que empresas viables sean liquidadas o vendidas a fondos de inversión depredadores.
Son precisamente estos aspectos nucleares de la norma los que rechazan las organizaciones empresariales. «Esta propuesta atenta, además, contra el artículo 38 de la Constitución, que preserva los principios de la libertad de empresa. Del mismo modo, el Estatuto de los Trabajadores también otorga a las empresas la capacidad de organización y dirección, cuestión que también se orilla de forma grave», denuncian CEOE y Cepyme.
«Nuestro ordenamiento jurídico permite a cualquier ciudadano constituir una empresa y poner en juego sus recursos para ello», zanja la patronal.
