Según parece, la patronal presentará alegaciones —es decir, propuestas de modificación formal de la norma— sobre algunos aspectos de la ley, que se encuentra en audiencia pública hasta el próximo 8 de abril. El anteproyecto disponible en el portal de Transparencia tiene como principal fin modificar la norma que regula la protección de la salud y seguridad de los trabajadores. Los cambios pactados llegaron tras 20 meses de conversaciones entre Trabajo, las organizaciones empresariales y los representantes sindicales, una negociación que no consiguió sumar la firma de la patronal. Entonces, CEOE y Cepyme acusaron al ministerio de «legislar solo con los sindicatos» e instaron a retomar un diálogo social «real y efectivo». Estas organizaciones también reprocharon a los sindicatos que estaban «acusando falsamente a las organizaciones empresariales de bloquear el diálogo social».
Tras no firmar la reforma de esta ley, la patronal introducirá sus propuestas de cambio por la vía de la audiencia pública. Y según fuentes consultadas, las observaciones de la patronal se centrarán principalmente en los puntos que aumentan los costes para las empresas, como la limitación de la bonificación propuesta únicamente a empresas con hasta 10 trabajadores.
Otra cuestión es la creación de los agentes territoriales, una nueva figura que actuaría como asesor de prevención en empresas pequeñas que no tienen representación sindical. Esta figura afectaría a compañías con menos de diez trabajadores y —defienden estas fuentes— podría acceder a información sensible de la empresa. La creación de esta figura, sin embargo, aparece entre los principales objetivos del anteproyecto y pretende, según reza el texto, «reforzar la prevención en empresas o centros de trabajo sin representación legal de las personas trabajadoras».
Las organizaciones empresariales también consideran relevante eliminar la obligación de dedicación exclusiva de la persona encargada de la prevención dentro de la empresa. Algo que, según prevén, supondrá también un incremento en los costes al tener que contar con un trabajador que se dedique a vigilar el cumplimiento de las actividades preventivas. El anteproyecto establece que estas personas “deberán estar presentes y con dedicación exclusiva mientras se realice la operación que requiere su vigilancia”. Las organizaciones prevén que esto podría implicar subcontratación de personal externo especializado.
Si se aprueba la modificación, la norma también incluye un aumento del 20% en el crédito horario para los delegados de prevención, es decir, más horas disponibles para que los trabajadores encargados de realizar estas actividades, un aspecto que la patronal también considera relevante modificar. Además, el proyecto busca adaptar la prevención a las características individuales de los trabajadores, como edad, condiciones de salud o tipo de trabajo, algo que —aseguran— podría ser complicado en la práctica.
Con este texto, la cartera de Yolanda Díaz quiere cambiar una ley que no se modifica desde hace tres décadas. Para que se apruebe, necesitará el visto bueno del Congreso de los Diputados, algo que se complica desde la ruptura política anunciada por Junts per Catalunya en octubre.
Aparte de los cambios ya mencionados, la norma se enfoca principalmente en adaptar la prevención a la digitalización, al cambio climático, al envejecimiento de la fuerza laboral y a los riesgos psicosociales.
Una de las principales novedades es la redefinición de los daños derivados del trabajo, que ahora incluyen impactos físicos, fisiológicos, cognitivos, emocionales, conductuales y sociales. Además, se introduce la definición de “condición de trabajo”, cualquier característica del empleo que pueda afectar a la salud física o mental, incluyendo factores externos como el cambio climático o catástrofes naturales.
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