La defensa de Koldo García, ejercida por la letrada Leticia de la Hoz, ha reclamado al Tribunal Supremo (TS) poder reunirse con el exministro de Transportes, Ábalos, y su abogado, para preparar el juicio por presuntas irregularidades en la compra de mascarillas durante la pandemia.
La abogada alega, además, una situación de «indefensión material» tras la decisión de la Subdirección de Seguridad del Centro Penitenciario, que negó cualquier comunicación entre ambos investigados agarrándose al «principio de igualdad de trato». Así, solicita al magistrado, según consta en un escrito al que ha tenido acceso este periódico, que ambas defensas se reúnan y que «autorice el uso de dispositivos informáticos» para estudiar la causa y la habilitación de una sala «sin barreras físicas».
La defensa del exasesor de Ábalos insiste en requerir a la dirección de la cárcel madrileña de Soto del Real, donde se encuentran Ábalos y Koldo desde noviembre, las comunicaciones entre ambos al entender que su rechazo «vacía de contenido la tutela judicial efectiva» que el TS sí pretendía garantizar. Y, asegura, que en una causa como esta, donde hay una ingente cantidad de documentación, es «imposible» una defensa eficaz a través de los «canales ordinarios».
En este sentido, añade que la decisión de la Subdirección de Seguridad del Centro Penitenciario «deniega medios esenciales para la defensa» y que lo que están solicitando no es más que una práctica «habitual y necesaria» en una causa de elevada complejidad y con múltiples investigados.
Así, critica que «es contradictorio que, tras seguir las instrucciones del personal», se les haya denegado la medida solicitada y que esta decisión «impide de facto la preparación de la defensa ante acusaciones de extrema complejidad técnica y volumen documental». El objetivo de la reunión, según expone, está en contrastar y examinar los escritos que afecta a Ábalos y Koldo de forma común y la «necesidad imperiosa de una defensa conjunta».
Además, la letrada de Koldo asegura que hay un «acuerdo total y explícito» con la defensa del exministro, Marino Turiel, «para trabajar de forma conjunta en la estrategia de defensa».
«Esta solicitud formal no es un capricho procesal, sino que responde a la indicación directa de un funcionario del centro, quien nos instó a comunicar la necesidad de estas reuniones por escrito para su debida organización», concluye.
El juicio oral está señalado el 7 de abril de 2026 y contará con más de 70 testigos en 13 sesiones, entre ellos, el testimonio del director general de la Policía, Francisco Pardo Piqueras, y la presidenta del Tribunal de Cuentas, Enriqueta Chicano, después de que el Supremo denegara que testificaran por escrito. Decisión que, en cambio, el Alto Tribunal no ha adoptado con el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, y la presidenta del Congreso, Francina Armengol, que declararán a través de un informe.
La Fiscalía reclama penas de 24 años de prisión para Ábalos, 19 años y medio para Koldo y 7 años para el comisionista de la trama, Víctor de Aldama.
