Su abogado, Benet Salellas, tratará de evidenciar que las grabaciones que inculpan a su cliente no son auténticas y que podrían haber sido alteradas, al tiempo que insistirá en que el contrato de compra de la empresa Servinabar carece de validez.
La estrategia de Cerdán coincidirá con la desplegada por el exministro de Transportes Ábalos, que en su declaración del pasado día 23 dijo no reconocerse en los audios contenidos en el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil del pasado 5 de junio. Se recogían horas de grabaciones hechas por Koldo García, que incriminan supuestamente a los tres en el reparto de mordidas a cambio de adjudicaciones públicas.
En esa línea, la defensa del exsecretario de Organización del PSOE negará la veracidad de las conversaciones y pondrá en cuestión la validez técnica de esas pruebas, al no reconocer su voz en ellas.
Salellas planteará así dudas sobre la obtención de las pruebas, la seguridad de la cadena de custodia de las grabaciones y la veracidad de su contenido. Por su parte, los investigadores de la UCO aseguran haber usado distintas fuentes de información para acreditar la identidad de los participantes en las conversaciones.
Además, la defensa del exnúmero tres del PSOE sostendrá que el contrato privado para comprar el 45% de Servinabar, una empresa que se benefició de la adjudicación de contratos públicos, no tuvo «ningún efecto jurídico», porque no llegó a elevarse a público, por lo que Cerdán “nunca ha formado parte de esta empresa ni ha cobrado cantidad alguna”.
Asimismo, el letrado tratará de desvirtuar la validez de ese contrato como prueba, esgrimiendo que el número de identificación fiscal que aparece en el sello del contrato difiere en una cifra con el NIF real de la empresa. Mientras que en el sello figura el ‘B-71255064’, el auténtico NIF de la sociedad es ‘B-71255061’.
El contrato fue hallado por la UCO en la vivienda del empresario Antxon Alonso. Ese documento probaría que el político tenía una participación del 45% en esa mercantil, aunque no fuera elevado a escritura pública. La defensa de Santos Cerdán alegará que ese documento no tiene «efecto jurídico alguno» porque fue un «mero contrato privado que no se llegó a elevar a público».
