El Registro del Congreso ha cerrado este viernes a las seis de la tarde y el que fuera mano derecha de Pedro Sánchez no ha entregado nada. Podría hacerlo el sábado por la mañana de 10 a 14 horas o fuera de ese horario de forma telemática, pero no tendría efectos hasta el lunes a primera hora.
Se trata de una maniobra que le permitiría mantener temporalmente el aforamiento parlamentario y evitar registros o una eventual detención. El Tribunal Supremo le ha citado a declarar voluntariamente el próximo 25 de junio en el marco del caso Koldo, después de que la Unidad Central Operativa le sitúe como el origen de la presunta trama de corrupción. El político navarro ha dicho que sí comparecerá pero está por ver si lo hará como aforado o ya como imputado.
La estrategia dilatoria del dirigente socialista cobra especial relevancia ante la advertencia del magistrado instructor Puente, quien en una providencia de este viernes le ha pedido que «ponga de manifiesto si persiste en esa decisión y, si así fuera, que manifieste si lo hará antes o después de la fecha señalada para comparecer ante este tribunal».
El instructor ha sido tajante al advertir que «si nada expresa al respecto, se entenderá que dicha renuncia a su condición de diputado no se ha producido». Esta precisión judicial evidencia la importancia del timing en la renuncia para determinar la jurisdicción competente.
En todo caso, el Supremo ha informado oficialmente a Cerdán de que le tiene «como personado en la causa» por la presunta trama de cobro de comisiones a cambio de obra pública. El magistrado le ha permitido «acceder al material que obra en la causa a partir del informe de 5 de junio elaborado por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, donde se le sitúa como el origen de la presunta trama».
La UCO ha identificado a Cerdán como pieza clave del entramado corrupto en su demoledor informe del pasado 5 de junio, lo que ha precipitado su salida fulminante de la dirección del partido socialista tras una reunión de urgencia de la Ejecutiva Federal.
Las acusaciones contemplan solicitar medidas cautelares severas tras su declaración, incluyendo, posiblemente, la entrada en prisión y, seguro, la retirada de pasaporte, por riesgo de destrucción de pruebas y de fuga. Esta perspectiva judicial explica la reticencia del ex dirigente a formalizar inmediatamente su renuncia parlamentaria.
El próximo 25 de junio se perfila como una fecha crucial que podría determinar no solo el futuro judicial de Cerdán, sino también las implicaciones políticas de una investigación que mantiene en vilo al panorama institucional español. La decisión final sobre el aforamiento marcará un precedente sobre los límites entre la protección parlamentaria y la acción de la justicia en casos de presunta corrupción de alto nivel.
