Aunque a nivel nacional la entrada de nuevos casos se redujo un 3,2% —hasta los 7,5 millones de procedimientos—, la evolución no ha sido igual en todas las áreas. Es el caso de la jurisdicción penal, donde los nuevos procedimientos aumentaron un 1,4% y los asuntos pendientes crecieron casi un 12%, mientras que en el ámbito social el incremento fue del 9,4%. En términos absolutos, la jurisdicción civil sigue concentrando la mayor bolsa de litigios, con más de 2,6 millones de procedimientos en trámite, aunque su pendencia registró un ligero descenso del 0,6%.
Por territorios, la tasa media de litigiosidad en España se situó en 153,7 asuntos por cada 1.000 habitantes, aunque varias comunidades superan con claridad esa cifra. Es el caso de Canarias, que encabeza la lista con 202,06 asuntos por cada 1.000 habitantes, seguida de Madrid (166,46), Asturias (162,42), Baleares (160,04), Cataluña (159,56), Andalucía (158,15) y Murcia (156,33).
Según los expertos, el aumento de asuntos pendientes se explica en gran medida por «procedimientos que se arrastran de ejercicios anteriores» y continúan acumulándose dentro del sistema.El problema se encuentra en los cuellos de botella que se producen en los Tribunales de Instancia, donde muchos procedimientos quedan detenidos y terminan engrosando la bolsa de casos pendientes. Esa acumulación tiene una consecuencia directa para los ciudadanos: los tiempos de espera se alargan.
Para tratar de aliviar la presión en el sistema, el ministro de Justicia, Félix Bolaños, anunció recientemente 200 nuevas plazas de fiscales, dentro de una ‘macroconvocatoria’ que incluye también 500 plazas para jueces, con el objetivo de reforzar la capacidad de resolución de los tribunales y reducir la pendencia acumulada.
