En efecto, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha considerado «inidoneo» –por 8 votos en contra de la adecuación de su perfil, 7 a favor del mismo y la abstención del vocal Enrique Lucas– que García Ortiz continúe durante cuatro años más al frente del Ministerio Público.
En la decisión oficial ha pesado de manera «muy evidente» la reciente anulación del Supremo al nombramiento efectuado por García Ortiz, durante la anterior etapa de su mandato, a favor de su predecesora Dolores Delgado como fiscal de Sala Togada de lo Militar del Alto Tribunal. «No tanto por el sentido de la resolución, en sí misma, sino por las razones por las que se anuló», han apuntado dichas fuentes. Esto es, una clara «desviación de poder» de García Ortiz para favorecer a su mentora en detrimento de otros candidatos con mejor perfil.
Además del hecho cuestionable de que el máximo responsable «de la defensa de la legalidad» en nuestro país haya «dado muestras de pasividad en la defensa de los fiscales ante las acusaciones de lawfare» que, al menos los cuatro al frente de la causa del procés, han recibido en las últimas semanas desde que se conociera la inclusión del término en los acuerdos suscritos entre el PSOE y Junt´s.
