El texto que ha sido votado por conservadores y progresistas de forma conjunta e insta al Parlamento a que «se abstenga» de citar a magistrados para que declaren sobre hechos que hayan conocido en las actuaciones objeto de su actividad jurisdiccional.
En el acuerdo, los miembros de gobierno de los jueces expresan que, si bien ellos respetan la autonomía parlamentaria, también el Congreso debe «garantizar en todo momento y bajo cualquier circunstancia la independencia judicial». Y es por eso que «ha de quedar constancia que dichas comisiones parlamentarias carecen de atribucaiones para llamar a declarar ante ellas e investigar a jueces y magistrados».
Los trabajadores de la Justicia están «planemente sometidos a la Constitución y a las leyes», dicen, y a su propia responsabilidad disciplinaria y penal cuando incurran en delitos o infracciones. Alegan que las comisiones parlamentarias de investigación que el PSOE ha acordado con Junts se desenvuelven «en el plano estrictamente político» y están orientadas y limitadas a exigencias de responsabilidades de esa naturaleza.
Los vocales del CGPJ han acordado que si los jueces son llamados a declarar sobre asuntos en los que hayan intervenido, «incluso bajo la advertencia de que puedan incurrir en responsabilidad penal», nadie tendrá obligación de atender a este requerimiento.
«No deberán comparecer en ellas y el Consejo General del Poder Judicial tampoco autorizará comisiones de servicios por tal motivo», refleja el acuerdo. Bajo estos mimbres, la Comisión Permanente (el núcleo duro del CGPJ) advierte de que denegará cualquier autorización a los jueces para acudir a las mencionadas comisiones sobre hechos de los que tengan o hayan tenido conocimiento con ocasión de su actividad jurisdiccional.
En el último de los puntos del texto, el CGPJ vuelve a recordar la importancia de renovar el órgano. «El recordatorio de que cada poder ha de circunscribir su actuación a su ámbito respectivo ha de completarse con el llamamiento a que se proceda cuanto antes a la renovación del Consejo». Los vocales piden que «se ponga fin a la anomalía constitucional en la que nos encontramos cuya duración ha rebasado con creces el límite de lo tolerable».
