En el documento, el Pleno del órgano de gobierno de los jueces ha comunicado a las entidades convocantes de la protesta del próximo sábado, frente al Tribunal Supremo, y de los paros previstos para los días 1, 2 y 3 del mes de julio, que según las decisiones adoptadas el 9 de febrero de 2009, el 8 de noviembre de 2012 y el 13 de febrero de 2013, «el ejercicio del derecho de huelga de jueces y magistrados carece, en el momento actual, de soporte normativo, por lo que no procede tener por anunciada la convocatoria de huelga ni, al carecer el CGPJ de competencia para ello, fijar servicios mínimos».
Fuentes jurídicas conocedoras de la materia han explicado que dado que el derecho a huelga no está regulado para los miembros de la Magistratura nada puede decir el Consejo sobre si el mismo existe o no. Lo que no significa, por lo tanto, que se niegue la posibilidad de que jueces y fiscales activen los paros, como aspiraban a aprobar los vocales del ala izquierdista del órgano. No en vano, los consejeros nombrados a propuesta del PSOE, en la última renovación, presentaron una propuesta para negar, taxativamente, el derecho a huelga o a las protestas, que no ha salido adelante.
