La Comisión, que enviará al departamento de Pilar Llop el informe del Gabinete Técnico del Tribunal Supremo sobre los efectos negativos que está provocando en el funcionamiento del alto tribunal la imposibilidad legal del órgano de gobierno de los jueces de efectuar nombramientos discrecionales por encontrarse en funciones, recoge que en concreto es necesaria la creación de ocho plazas de letrado en la Sala Tercera y de siete en la Sala Cuarta para que sean cubiertas preferentemente por magistrados de las jurisdicciones contencioso-administrativa y social.
La función de esos letrados sería asistir a las Secciones de enjuiciamiento mediante el estudio y documentación de asuntos pendientes, permitiendo así que se dicte un mayor número de sentencias. Según el informe del Gabinete Técnico, sólo entre esas dos salas se dictarán en el año 2023 un total de 1.230 sentencias menos (570 en contencioso y 660 en social).
La Comisión Permanente también ha aprobado remitir al Congreso de los Diputados y al Senado tanto su acuerdo como el informe de la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo. Según explica el CGPJ, en el informe, aprobado el pasado 16 de enero, se alerta sobre la insostenible situación que está causando en este órgano judicial la imposibilidad de cubrir las vacantes, que actualmente suman 19, lo que supone un 24 por ciento de la plantilla legal de 79 magistrados, y que en los próximos meses de 2023 alcanzarán la cifra de 24 vacantes, un 30,37 por ciento de la planta del tribunal.
Cabe recordar que en enero la Sala de Gobierno del Supremo acordó por unanimidad pedir al CGPJ que instara al Congreso y al Senado a dar una solución «inmediata» a la «situación insostenible» que atraviesa el tribunal.
Los magistrados de la Sala de Gobierno se hacían eco del informe del director del Gabinete Técnico del tribunal –que encargó el propio CGPJ– en el que se detallaba el impacto que tiene la reforma que impide al órgano de gobierno de los jueces hacer nombramientos en la actividad de cada una de las cinco salas del tribunal.
Según informó entonces el TS, los magistrados consideran necesario que el Parlamento establezca un «remedio inmediato de este estado de cosas y promueva cualesquiera otras iniciativas a fin de impedir que empeore».
El Supremo avisaba de la «situación crítica» en que se encuentran actualmente la Sala de lo Social –con 5 vacantes en una plantilla de 13– y la Sala de lo Contencioso-Administrativo –con 10 vacantes en una plantilla de 33–.
