Tras las críticas de las asociaciones judiciales, es ahora Perelló quien sale en defensa de la judicatura, recordando al jefe del Ejecutivo que la independencia judicial «constituye uno de los pilares básicos del Estado de derecho». A través de un comunicado, la presidenta del alto tribunal hace hincapié al hilo de la polémica generada por el cuestionamiento del Poder Judicial por parte de Sánchez, que «es precisamente esa independencia lo que garantiza que la potestad jurisdiccional y la política discurran por caminos separados».
«El Estado de derecho requiere que los jueces y tribunales -recalca- puedan ejercer sus funciones atendiendo únicamente al imperio de la ley, sin presiones directas ni indirectas de ningún grupo de poder, público o privado».
Perelló deja claro que la crítica de las actuaciones de los poderes públicos «es inherente a la democracia» y contribuye además a que las instituciones «pueden mejorar su funcionamiento». Por tanto, añade, «la labor de los jueces y magistrados puede, y en su caso debe, ser criticada». «Pero lo que no cabe -matiza- es cuestionarla de forma generalizada y permanente, atribuyendo a los integrantes del Poder Judicial sesgos políticos, pues tal forma de proceder menoscaba la confianza de los ciudadanos en la Justicia, causando con ello un grave daño institucional».
Varias asociaciones judiciales han criticado las palabras de Pedro Sánchez en un corrillo con periodistas. Entre ellas, la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV). Su portavoz, Sergio Oliva, aseguró al respecto que «denunciar las calculadas insinuaciones para desprestigiar el Poder Judicial» es una «obligación». «Este tipo de comentarios, especialmente cuando provienen del máximo representante del Poder Ejecutivo, socavan de forma muy grave la confianza de la ciudadanía en la independencia e imparcialidad de los jueces», alertó. Para el magistrado, «los jueces cumplimos con nuestra función constitucional», por lo que «este proceso de deslegitimación de las instituciones nos lleva a una erosión progresiva del Estado de derecho y, en última instancia, existe el riesgo de convertirnos en un Estado fallido, incapaz de garantizar la justicia y la estabilidad social».
