Según estas, las compañías habrían abusado de su posición de dominio colectiva y realizado prácticas colusorias para aumentar sus cuotas de mercado en el contexto de las subidas de precios de los carburantes por la invasión rusa de Ucrania.
En concreto, el regulador ha recordado que las prácticas habrían consistido, por un lado, en incrementar los precios de venta mayorista a las gasolineras independientes (low cost) –las que les compran el carburante- y, por el otro, aplicar descuentos a sus clientes en la venta minorista mediante tarjetas de fidelización y pago. Sin embargo, la CNMC no ha hallado indicios de la existencia de intercambios de información ni concertación entre Repsol, Cepsa y BP. Asimismo, considera que no hay indicios de la existencia de una posición de domino colectiva entre dichas compañías.
En lo que respecta al intercambio de información, BP y Cepsa supieron de las políticas de descuentos que Repsol pensaba adoptar a través de los medios de comunicación e información pública. Ambas compañías se vieron negativamente afectadas por una pérdida de clientes, parte de ellos captados por Repsol. Por otro lado, Repsol tenía una capacidad de refino en 2022 muy superior a la de sus rivales y unas mayores cuotas de mercado, no actuando junto con BP y Cepsa como una única entidad colectiva desde el punto de vista económico.
