En concreto, el 9,9% que el grupo saudí ha adquirido de Telefónica se divide en un 4,9% en acciones y en un 5% en instrumentos financieros, si bien esta operación pasó inadvertida en los registros de la CNMV hasta el pasado 5 de septiembre, cuando se anunció la entrada del grupo saudí en la operadora española. En ese sentido, fuentes del supervisor han recordado que los mencionados instrumentos financieros tienen distintos plazos de ejecución y que a medida que STC los ejerza tendrá que ir notificando a la CNMV los cambios que se produzcan en su participación.
«Además, algún derivado está sujeto a la autorización del Gobierno si se producen. Es decir, aún no ha acabado», han remarcado. Se refieren así a la normativa vigente en España en materia de inversiones extranjeras en empresas cotizadas estratégicas y por la cual el Ejecutivo tiene que dar permiso a los inversores extracomunitarios que pretendan adquirir más del 10% de una sociedad de este tipo. Sin embargo, este umbral se rebaja al 5% en el caso de empresas con intereses en el ámbito de la defensa nacional, como es Telefónica.
En cuanto a la estrategia de STC para adquirir las acciones de Telefónica, una operativa en la que la empresa saudí contó con el apoyo de Morgan Stanley, las fuentes del supervisor han aclarado el funcionamiento de la normativa europea, la cual, según sus pesquisas y con la información disponible hasta el momento, no se ha incumplido. «Ni la letra ni la interpretación de la normativa permiten a un inversor que construye una participación accionarial fragmentarla o trocearla en paquetes inferiores al umbral del 3% para evitar o demorar su publicación. Tanto si se hace directamente como a través de persona interpuesta, vehículos de inversión, bancos o custodios. Tanto si se hace mediante acciones o mediante derivados que den derecho a su adquisición y a ejercer entonces los derechos de voto. Ello sería contrario al régimen legal aplicable», han subrayado.
De este modo, la CNMV concluye que a día de hoy no se ha producido ninguna actuación o circunstancia que indiquen que la normativa aplicable se haya vulnerado en la irrupción de STC en Telefónica.