El ministro Cuerpo, asume que ese pago podría ser parcial ante las dificultades del Gobierno para sacar adelante uno de los hitos que tiene asociados, el impuesto al diésel. A preguntas de los medios a su llegada a Luxemburgo para participar en la reunión del Eurogrupo (de los ministros de economía y finanzas del área euro), Cuerpo ha recordado que si la evaluación de Bruselas llegase en julio y la tributación al diésel no se hubiera aprobado aún, el Ejecutivo avanzará «en paralelo» para cumplir los hitos pendientes, como hizo con el cuarto desembolso. En ese caso, las autoridades comunitarias congelaron a España 158 millones de un total de 10.000 por no llegar a tiempo con una de las reformas comprometidas, relacionada con la transformación de las pymes.
«Estas conversaciones están avanzando bien, de manera productiva y esperaría que pudiéramos tener alguna noticia positiva antes de las vacaciones de verano durante el mes de julio», ha explicado el titular de Economía. El Ejecutivo de coalición tuvo serios problemas para sacar adelante la reforma fiscal por la falta de una mayoría parlamentaria suficiente. Tanto es así, que no pudo aprobar todas las medidas que se había propuesto por la falta de consenso entre sus socios habituales. En el Plan Fiscal y Estructural remitido a Bruselas, España se comprometió a dar luz verde a las medidas tributarias necesarias para lograr un incremento permanente de la recaudación (incluyendo las actuaciones sobre los ingresos y sobre los gastos) de unos 4.500 millones de euros, el equivalente al 0,3% del PIB. Entre esas medidas se incluía la equiparación de la tributación del diésel a la de la gasolina.
Esta medida sólo contaba, hasta la fecha, con el respaldo de Podemos, aunque la formación exigía que se ligase al gravamen permanente a las energéticas. Junts y PNV se niegan a apoyar dicho impuesto en el Congreso de los Diputados.
El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia contempla que España reciba dos desembolsos de fondos europeos al año. Sin embargo, el país percibió el último pago hace prácticamente un año, en julio de 2024, cuando el Ejecutivo comunitario transfirió 9.900 millones correspondientes al cuarto pago.
Los Estados miembros tienen hasta agosto de 2026 para cumplir con todos los compromisos incluidos en sus planes y la Comisión Europea (al igual que el Banco de España) urgió recientemente a España a acelerar en su ejecución para no perder recursos.
Cuando acaba de cumplirse el cuarto aniversario desde que la Comisión Europea dio el visto bueno al plan de recuperación, se han transferido a la economía real -a hogares y empresas- más de 51.355 millones de euros. Los beneficiarios han superado los 1,1 millones, de los que cuatro de cada diez son pymes y microempresas. En total se han lanzado convocatorias por 78.115 millones, de las que se han resuelto un 65,7%. Entre las cifras más llamativas del plan se encuentran la financiación de 25.000 viviendas de alquiler social o de 270.000 vehículos eléctricos o la creación de 383.000 plazas de Formación Profesional.
