De no hacerlo, el Gobierno de von der Leyen se reserva la posibilidad de iniciar un procedimiento sancionador contra España. Así lo hace saber el comisario europeo de Transporte Sostenible y Turismo, Apostolos Tzitzikostas, en dos comunicaciones remitidas a la delegación española del PPE en el Parlamento Europeo, los días 6 y 8 de agosto. En ellas, Tzitzikostas advierte de que «una infraestructura ferroviaria segura y que funcione correctamente es una prioridad estratégica para crear sociedades sostenibles e inclusivas», recuerda que la normativa europea es muy clara y pone la responsabilidad sobre los hombros del Ejecutivo de Sánchez.
«La Comisión desea señalar a Su Señoría que, en primer lugar, corresponde a los Estados miembros y, en particular, a sus organismos nacionales de ejecución supervisar de cerca el cumplimiento del Reglamento (UE) 2021/782 y adoptar las medidas necesarias para garantizar el respeto de los derechos de los viajeros», escribe el comisario europeo de Transporte Sostenible. Y añade, a renglón seguido: «En cuanto a la Comisión, supervisa de manera más general si los organismos nacionales de ejecución y los Estados miembros implementan y aplican correctamente las normas de la UE sobre los derechos de los viajeros, y puede decidir incoar un procedimiento formal de infracción contra un Estado miembro cuando no sea el caso».
