Tan sólo un día después de que la Ley pactada entre el PSOE y Junts para el borrado penal del procés resultase aprobada en la Cámara Baja, antes de ser remitida al Senado, el órgano consultivo del Consejo de Europa ha emitido su dictamen final sobre la polémica norma. La Comisión cuestiona, como ya lo hizo en anteriores ocasiones, que la vía de urgencia haya sido elegida para su tramitación, como Proposición de Ley de un grupo parlamentario en lugar de recurrir a un Proyecto gubernamental que hubiera exigido los informes preceptivos, aunque no vinculantes, del Consejo de Estado, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y el Consejo Fiscal.
La Comisión de Venecia ha reiterado, además, que las leyes de amnistía no deben ser diseñadas para beneficiar a individuos concretos. Un matiz que pone la lupa en las últimas enmiendas del texto, exigencia de los separatistas catalanes, para garantizar que Puigdemont quede incluido en la misma.
Aunque el contenido íntegro del dictamen no se conocerá, con toda probabilidad, hasta el próximo lunes por la tarde –para poder cumplir con la costumbre de distribuirlo traducido a varios idiomas– este diario ha podido conocer algunas de las recomendaciones formuladas por los miembros de la plenaria, para ajustar la iniciativa al marco europeo. Entre ellas, la necesidad de acotar el alcance tanto material, como temporal, de la aplicación de la norma sobre la que «el legislador español no ha proporcionado una explicación de por qué las fechas elegidas son las más apropiadas». Llegando incluso a aconsejar la reducción del «horizonte» comprendido entre las mismas.
La Comisión de Venecia insta la necesidad de establecer una relación más directa entre los actos preparatorios de los dos referendum separatistas que se organizaron en Cataluña en los años 2014 y la consulta inconstitucional del 1-O de 2017 y los actos de malversación y corrupción que quedarían amnistiados.
Tampoco es menor la exigencia de concretar el delito de terrorismo y qué tipología del mismo quedarían penalmente borradas, una vez excluidas las violaciones graves de derechos humanos. Una cobertura demasiado vaga, de acuerdo con la redacción de la norma actual, a juicio de la Comisión.
