Pero, esa afirmación no le ha impedido cuestionar a la prensa como gran culpable de que él y su TC no puedan llevar a su plan de cuestionar la posibilidad de que la Audiencia sevillana acuda al TJUE. En su opinión eso «debería haber sido un debate interno» sobre la «defensa de nuestra jurisdicción. En este sentido, ha lamentado que se haya »trasladado« el asunto a la esfera pública en una especie de »juicio paralelo» en redes sociales y medios de comunicación. No en vano, el veterano jurista gallego ha vuelto a insistir en la idea de que «atacar» a la Institución y cuestionar sus resoluciones es «atacar, también, a la Constitución» que están llamados a interpretar.
«Me preocupa muchísimo, porque cuestionar al TC es cuestionar a la Constitución, cuestionar la legitimidad para poder dictar sentencias que sometan a los poderes públicos es de alguna manera cuestionar también el sistema democrático. Por lo tanto, me preocupo», ha asegurado frente a un aforo repleto de asistentes, a las preguntas planteadas por los periodistas Maraña, García Cuartango y García. Aún así, se ha detenido en explicar que, pese a sus intenciones iniciales, desde el TC no tienen el propósito de interferir en lo que decida la Audiencia de Sevilla sobre el fallo de los ERE: «Respetamos la autonomía de cualquier órgano jurisdiccional». De hecho, el presidente de la Corte ha incidido en que lo que él ha hecho, en todo momento, es presentar una discusión jurídica en el seno del cónclave porque la consulta en cuestión es un «asunto novedoso» en el que «el TC tiene la obligación de reflexionar».
Sobre este extremo, ha precisado que en los 40 años que España lleva dentro de la Unión Europea «siempre» se han presentando las cuestiones prejudiciales al TJUE como «asuntos primarios»; es decir, «antes de dictar sentencia» para que el tribunal Luxemburgo establezca la interpretación correcta del Derecho de la Unión pero «nunca» antes se había planteado consultar al TJUE después de una sentencia firme y de que incluso se pronunciara el Constitucional. Algo que, sin embargo, sí cuenta con precedentes en otros países con órganos análogos a nuestro TC.
Con todo, Conde-Pumpido ha asegurado que el hecho de que el debate en el TC se haya planteado como una reflexión interna «sin propuesta de resolución» no implica que, en base a la Ley Orgánica del órgano, no deba «velar por la ejecución de sus resoluciones», en todo momento.
Preguntado sobre cuándo se pronunciará el TC sobre la Ley de Amnistía, el magistrado ha recordado la corte de garantías no tiene solo un caso que resolver, sino 30: el recurso presentado por los diputados del Partido Popular (PP), 15 recursos de comunidades autónomas, seis cuestiones de inconstitucionalidad planteadas por el Supremo, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y la Audiencia Provincial de Madrid y los ocho recursos de amparo planteados por los políticos independentistas a los que se les ha negado la aplicación inmediata de la norma, relativa al delito de malversación. Según ha manifestado Conde-Pumpido, se ha elegido un procedimiento de cabecera, el recurso del PP, para resolver la constitucionalidad o no de la norma. La ponencia de dicha sentencia ha recaído en la vicepresidenta del Tribunal, Inmaculada Montalbán, una vez que José María Macías era recusado para todos los asuntos relativos a esta materia.
Ha expresado que están sometidos a un «alto grado de críticas y descalificaciones», pero que el «Tribunal Constitucional no puede esperar el aplauso ni acobardarse con las críticas». «El poder es el que debe someterse a la razón y no la razón al poder», ha sentenciado.
El periodista Maraña le ha preguntado sobre su preocupación ante las críticas a la legitimidad del Tribunal, a lo que Pumpido ha contestado sin evadir la pregunta: «Me preocupa muchísimo. Porque cuestionar la legitimidad del Tribunal Constitucional es cuestionar la Constitución, es cuestionar el sistema democrático»
El órgano, a su juicio, «está funcionando bien internamente». Ha alabado a los 12 «magistrados que son magníficos» con los que cuenta y que desarrollan su trabajo con firmeza. «Evidentemente en todo el Tribunal hay también posiciones discrepantes. La ley no es una ciencia exacta y por lo tanto las opiniones pueden ser diversas y el propio sistema de nombramientos origina que todas las opiniones estén representadas en el Tribunal», ha añadido.
Sin embargo, Pumpido ha explicado que «esta labor interna puede quedar empañada si desde el exterior se transmite en contra del Tribunal Constitucional». «La crítica es bien recibida, sobre todo la crítica jurídica. Las sentencias están sometidas a la crítica de los medios de comunicación. El problema es cuando uno empieza a encontrarse con amenazas penales en los medios de comunicación, algo que no sería posible en ningún otro país de la Unión Europea», ha expuesto.
Según su opinión, el Tribunal Supremo ha dicho que el delito de prevaricación no puede ser utilizado en contra de los miembros del Constitucional porque ese órgano no está sometido a ningún otro en España. «La inmunidad del Tribunal Constitucional frente a ese análisis es clara», ha expuesto. «Dado que tenemos un sistema en el que cualquier organización extremista puede presentar querellas. Y claro, no es solamente una advertencia es una realidad. Pero afortunadamente el Tribunal Supremo tiene un perfecto concepto de lo que puede sentenciar», ha agregado, en relación a que el alto tribunal ha rechazado de momento cualquier querella a los togados del Constitucional.
Sobre el conflicto sobre los ‘ERE’ que se acaba de plantear en el Tribunal Constitucional, Pumpido ha señalado que desde su órgano se «respeta» la autonomía de cualquier órgano jurisdiccional que decida tomar una decisión, asegurando que lo que han hecho ha sido convocar un «debate interno» ante un asunto novedoso que afecta a la jurisdicción española. «El Tribunal debe reflexionar sobre ello», ha expuesto. Además, ha explicado que el hecho de que se plantee como un debate jurídico, sin propuesta de acción alguna, pone de manifiesto que las informaciones sobre que el Tribunal tenía previsto intervenir «no son verdad». «Lo que estamos poniendo sobre la mesa es un debate interno», ha insistido.
Además, ha recordado que «en 40 años de pertenencia a la UE, las cuestiones prejudiciales siempre se han presentado como recursos primarios. Como dice su nombre, prejudicial, es decir, antes de dictar sentencia. No se había planteado nunca como un recurso secundario, y nuestra Constitución establece de manera expresa que las resoluciones del Tribunal son cosa juzgada. Eso nos obliga, de alguna manera, a reflexionar sobre esta cuestión». Ha recalcado que dicha reflexión «no afecta en absoluto a las cuestiones planteadas por la Audiencia de Sevilla o el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Esa es una relación entre ellos».
«El diálogo entre tribunales es un instrumento creado para resolver la tutela. Yo planteé el debate como una cuestión interna del Tribunal; lamentablemente, eso se ha trasladado a un debate público a través de una especie de juicio paralelo, y por eso le agradezco mucho que me haga esta pregunta, porque me permite aclarar este debate», ha concluido.
El último melón que se ha abierto ha sido el de la amnistía que, según ha explicado Pumpido, es una cuestión mucho más profunda que saber si la ley del perdón es o no inconstitucional. El presidente ha descrito como «ingente» el trabajo que se está haciendo en el Constitucional. «Se ha elegido un procedimiento que llamamos de cabecera, que es el primer recurso», ha explicado. Como ha venido sosteniendo estos últimos meses, Pumpido ha puesto la línea roja para resolverlo «antes del verano» porque así seguiría la estela que se ha marcado de no esperar a que los recursos estén más de un año esperando respuesta.
En este sentido, hay que analizar si se vulnera el principio de separación de poderes, el principio de igualdad, etc. Además, ha alabado el recurso del PP por estar «muy bien fundamentado» y, por eso, «debemos resolver igual con una buena sentencia».
