Un evento cuya licitación por valor de 722.000 euros (sin IVA), algo más de la mitad de la cuantía liberada ahora por Moncloa, fue concedida por Cándido Conde-Pumpido a través de un contrato negociado sin publicidad que resultó anulado, por el Tribunal Central de Recursos Contractuales (TCRC).
Con esta decisión, el Gobierno ha resuelto el aspecto económico del Congreso que tendrá lugar, del 28 al 31 de octubre de este año, en las instalaciones de IFEMA en Madrid.
No en vano, Conde-Pumpido ocultó al Pleno de la Corte, pero también a su Junta de Gobierno que es la encargada de la gestión de este tipo de asuntos en el día a día, cómo su selección a favor de la Escuela Internacional de Protocolo había sido impugnada por la segunda empresa mejor clasificada: Integración de Agencias de Viajes (IAG7) S.A.
De hecho en dicha Junta no se informó a los magistrados integrantes del formato elegido para la adjudicación del encargo de la licitación; pero sí se habló, precisamente, de la necesidad de habilitar una partida económica extraordinaria a favor del TC, con motivo de la Conferencia, dado que los Presupuestos Generales del Estado (PGE) se encuentran, además, prorrogados.
Y no sólo eso, una vez en marcha el procedimiento y entregadas las ofertas definitivas de todas las empresas participantes invitadas, por él mismo, al proceso de selección, Conde-Pumpido reclamó aclaraciones a 3 de las 4 mercantiles, entre las que se encontraba la Escuela Internacional de Protocolo que fue la elegida, en último término, para asumir el encargo.
Una maniobra que, si bien Cándido justificó alegando un «error» propio, el Tribunal Central de Recursos Contractuales (TCRC) sostuvo que se produjo con la consecuencia de beneficiar a la adjudicataria final. El fallo del tribunal administrativo, pendiente de ejecutarse, fue contundente: la subsanación autorizada por la Presidencia del Constitucional favoreció a la empresa seleccionada y vulneró el principio de invariabilidad de las ofertas, que rige en las adjudicaciones de los contratos públicos, sea cual sea la modalidad elegida para la tramitación de los mismos. Conde-Pumpido tapó como una simple corrección lo que, en realidad, fue una modificación estructural de la oferta final, tras el cierre del plazo previsto para efectuar cambios.
Ahora, mientras Conde-Pumpido, por orden del TCRC, ha de retroceder todas las actuaciones al momento de valoración inicial de las propuestas presentadas por las cuatro empresas invitadas al proceso negociado, anteriores a la subsanación, el Gobierno ha despejado la incógnita sobre la partida extraordinaria de la que la seleccionada cobrará sus honorarios, por los servicios solicitados y prestados. Una transferencia de crédito por valor de 1.300.000 euros.
