Sea como fuere, si este «escudo social» recibe la luz verde del Congreso, supondrá un impacto mínimo de unos 7.910,83 millones de euros sobre el déficit público de 2026, en ausencia de medidas compensatorias de ingresos. En ese contexto, el mayor desembolso del nuevo paquete ómnibus recaerá en la revalorización de las pensiones. La titular de Seguridad Social ha anunciado que las pensiones contributivas y de clases pasivas subirán un 2,7% en 2026 y las pensiones mínimas lo harán en «más de un 7%». Además, Saiz ha precisado que las pensiones con cónyuge a cargo y de viudedad con cargas familiares aumentarán un 11,4% el próximo año, al igual que las pensiones no contributivas y el Ingreso Mínimo Vital (IMV). De esta forma, en total, la actualización de las pensiones conforme a la evolución de la inflación supondrá un incremento en el gasto público de 7.311 millones de euros, según las estimaciones del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE). La segunda partida de mayor impacto presupuestario afecta a los seguros agrarios. El Consejo de Ministros ha aprobado el 47º Plan de Seguros Agrarios Combinados, que mantendrá en 2026 un presupuesto de 315 millones de euros destinado a ayudas para la contratación de pólizas. Además, el nuevo plan incorpora actuaciones para el perfeccionamiento técnico de las líneas de seguro y nuevas coberturas frente a enfermedades animales, así como estudios orientados a futuras mejoras, entre ellos los relacionados con enfermedades animales como la peste porcina africana, con el fin de posibilitar su inclusión futura en el seguro.
Y en el ámbito de las medidas pactadas con EH Bildu, el «escudo social» incorpora la prórroga durante todo 2026 de: la suspensión de desahucios para familias vulnerables sin alternativa habitacional, la prohibición del corte de suministros básicos (luz, gas natural y agua) y el mantenimiento de los niveles actualmente vigentes de descuento del bono social eléctrico —del 42,5% para los consumidores vulnerables y del 57,5% para los vulnerables severos—. Tan solo esta última medida sumará 284,83 millones de euros al déficit, de acuerdo con la estimación elaborada en 2024 por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) para el ejercicio 2025, utilizada como referencia ante la ausencia de una previsión oficial para 2026.
Además, el decreto ómnibus incluye también medidas de carácter fiscal y laboral. En el ámbito fiscal, se establecen exenciones en el IRPF y el Impuesto de Sociedades para los beneficiarios de las ayudas por los incendios forestales de este verano y se prorrogan las ayudas para los damnificados por la DANA y la reconstrucción de los municipios afectados. Y en materia laboral, el Ejecutivo da luz verde a una cotización adicional que permitirá a los agentes medioambientales y bomberos forestales anticipar su jubilación y extiende un año más la posibilidad de que médicos de atención primaria, médicos de familia y pediatras compatibilicen la pensión de jubilación con su actividad profesional.
Al margen del decreto ómnibus del «escudo social», el Consejo de Ministros ha aprobado un real decreto específico para prorrogar en 2026 las ayudas al transporte público y poner en marcha el nuevo abono único. Así lo ha anunciado el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, quien ha precisado que el coste conjunto de estas medidas ascenderá hasta los 1.371 millones de euros el próximo año. De esta forma, con la nueva prórroga, la financiación estatal destinada al transporte público alcanzará los 6.500 millones de euros desde 2022, cuando comenzaron a aplicarse los descuentos generalizados, y los 9.290 millones desde 2018.
