Aunque la tasa ya se aplicaba el año pasado, esta quedó derogada con la entrada en vigor de la reforma fiscal. En concreto, la reforma incluía una disposición a instancias del PP y apoyada por Vox, PNV y Junts para dejar sin efecto el gravamen que se aplicaba en 2024.
Con ese escenario, el Gobierno decidió aprobar una nueva tasa vía decreto en el último Consejo de Ministros del año para el ejercicio de 2025, tal como prometió a ERC, Bildu y BNG. El nuevo gravamen incluye bonificaciones para las empresas que inviertan en actividades «esenciales» para la transición ecológica y la descarbonización y con el compromiso de convertirlo en un impuesto que puedan gestionar las haciendas forales.
La idea del Gobierno con ese compromiso es convencer al PNV para que votara a favor, pero el portavoz de la formación en el Congreso, Aitor Esteban, ya dijo que por parte de su partido «el voto es no» al considerar que la tasa «rompe el principio de relaciones con las comunidades forales, tanto con la comunidad autónoma vasca como con Navarra», pues al ser un gravamen no está permitido que estas lo gestionen y recauden.
EH Bildu ha reprochado al PNV que el decreto incluye el compromiso del Gobierno para transformar la tasa en un impuesto, pero la formación nacionalista esgrime que esa promesa ya se incluyó en la norma que aprobaba la tasa para 2024 y eso todavía no ha sucedido. «Basta de vender mercancía de segunda mano y averiada como logro. El Decreto-ley de 2023 incluía un acuerdo con el PNV para convertir en impuesto y concertar el gravamen a las energéticas. No se hizo», sentenció recientemente la formación en un mensaje publicado en la red social X.
Por otro lado, el decreto incluye una cláusula para conceder una bonificación máxima del 60% sobre la cuantía del impuesto para aquellas empresas que realicen inversiones estratégicas que, eso sí, tendrá que evaluar el Ministerio de Transición Ecológica.
Dichas inversiones pueden ir desde la producción de hidrógeno renovable a transformar residuos en productos que tengan una segunda vida o en gases renovables, como el biogás.
El departamento que lidera Aagesen deberá notificar, en el plazo de tres meses desde la recepción de la solicitud, el correspondiente informe motivado, que tendrá carácter vinculante para la Administración Tributaria. Transcurrido el plazo de tres meses sin que se haya producido notificación alguna, se entenderá que el silencio es negativo. Y precisamente que sea el Gobierno el que decida que inversiones son o no estratégicas es algo que rechaza Junts. Los de Puigdemont también vienen rechazando el gravamen porque podría poner en riesgo grandes inversiones en Cataluña, como los 1.100 millones que Iberdrola tiene pensados invertir en Tarragona para un proyecto petroquímico.
En lo que respecta a Podemos, que se ha mostrado beligerante con el Gobierno por este asunto, ha avisado que su formación romperá las negociaciones sobre los Presupuestos con el PSOE si el Parlamento finalmente deroga el gravamen. En una rueda de prensa este martes, el portavoz del partido en el Congreso, Javier Sánchez Serna, ha recordado que Podemos votó a favor de la reforma fiscal a cambio de que el Gobierno aprobara un impuesto a las empresas energéticas para 2025 para recaudar unos 1.100 millones de euros.
Sin embargo, ese impuesto no se aprobó y, en su lugar, se renovó el gravamen por decreto ley, y ahora su convalidación por el Congreso se torna difícil. «El problema de cuando uno negocia y no cumple con lo que se ha negociado, no cumple con lo pactado, es que se genera una situación de desconfianza», ha dicho Sánchez Serna sobre estos hechos.
