La Cámara baja ha dado el visto bueno con mayoría absoluta (178 diputados votos a favor por 171 diputados en contra, incluido el PNV) a esta moción del PP que incluye, en uno de sus puntos, el emplazamiento a Sánchez «a considerar la oportunidad de plantear una cuestión de confianza, de conformidad con la prerrogativa que le confiere la Constitución, atendiendo al carácter político, sin vinculación jurídica de la presente iniciativa». Estos términos son los mismos que una iniciativa registrada por Junts en febrero del año pasado y que pasó el filtro de la Mesa del Congreso, pero que los de Puigdemont acabaron retirando para no enturbiar la relación con el Gobierno.
Asimismo, la moción aprobada señala en otro de sus puntos que «la acumulación de investigaciones sobre casos de corrupción que tienen como protagonistas a responsables políticos nombrados y sostenidos de forma directa por el presidente Pedro Sánchez exige que su asunción de responsabilidades se produzca en forma de dimisión». La misma Cámara que invistió al líder socialista en 2023 ha exigido hoy su dimisión.
Tras efectuarse la votación, los diputados del PP han gritado «dimisión, dimisión» a Sánchez, que no se ha dado por aludido y se ha puesto en pie junto a los ministros de Justicia, Félix Bolaños, y de Transportes, Óscar Puente, para sonreír y aplaudir a su grupo por haber sacado adelante la reforma penal contra las terapias de conversión de la identidad sexual. De otro lado, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha advertido en los pasillos de la Cámara baja que «el presidente del Gobierno, a partir de ahora, está actuando contra la mayoría absoluta del Congreso, que ha pedido su dimisión»
Entretanto, la portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, afirmó este jueves que espera que el PSOE «medite» la propuesta que ella misma lanzó en sede parlamentaria el miércoles, y «empuje» a Sánchez a «apartarse» del cargo, como ha hecho el primer ministro británico Keir Starmer. En declaraciones a TVE, Nogueras lamentó que la actividad en el Congreso está «paralizada», sin aprobarse leyes como la de multirreincidencia, o autónomos, y provocando un «malestar normal» en la ciudadanía
