Así lo explicó el vicepresidente primero y ministro de Economía, Cuerpo, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, con el fin de hacer frente a los efectos económicos de la crisis migratoria en Ceuta.
Para este plan, se van a movilizar 309 millones de euros este año, una cuantía que es el 16% del producto interior bruto (PIB) de Ceuta y que se centra en aspectos como la potenciación de servicios públicos esenciales (21 millones), la mejora de la seguridad, con Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (más de 90 millones de euros) y el fortalecimiento del sistema de acogida, con más de 60 millones para la ciudad de Ceuta.
Otro eje serán unos 80 millones para apoyar a empresas y trabajadores, lo que por sí solo supone el 4% del PIB de Ceuta y que se inyectará en los próximos cuatro meses, lo que supera la previsión de “pérdidas y de impacto” que había realizado la Cámara de Comercio de Ceuta, según Cuerpo.
Sobre los servicios públicos, el Gobierno impulsa el refuerzo de recursos sanitarios con 100 nuevos profesionales del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa) para Atención Primaria y hospitalaria, con una inversión de 3,5 millones de euros.
A ello se sumarán 3,2 millones para seguridad de los centros docentes y actuaciones de acompañamiento psicosocial para toda la comunidad educativa y 4,5 millones para el refuerzo de jueces, fiscales, letrados de la Administración de justicia y funcionarios, que permitan la agilización de los expedientes, así como financiación de la asistencia jurídica gratuita y despliegue de apoyo informático en Ceuta.
Asimismo, se aprobó una subvención de dos millones de euros a la ciudad de Ceuta, que se añade a los más de siete millones de euros que el Gobierno destinó también para la planta desalinizadora.
En materia de seguridad, sobresale como medida el incentivo al rendimiento de carácter excepcional de 7,1 millones de euros para la Policía Nacional y ocho millones de euros para la Guardia Civil. El real decreto también contiene 74 millones para el refuerzo del Ministerio de Defensa y las Fuerzas Armadas, en el despliegue de personal y medios, transporte, logística y mantenimiento del material.
Por otra parte, para acogida humanitaria, se recogen 53,4 millones para alojamiento y atención básica de las personas migrantes, así como 63,6 millones más para la acogida de menores no acompañados.
En clave económica, el Gobierno dio luz verde a 36,6 millones en ayudas directas a empresas y autónomos: 5.000 euros por cada autónomo y entre 10.000 y 150.000 euros por empresa, en función del volumen de facturación. Beneficiará a 2.600 autónomos y 1.400 empresas. Se podrán solicitar a partir del lunes 14, en la web de la Agencia Tributaria, con el objetivo de iniciar los pagos a principios de octubre. En este sentido, se aprobaron también 14 millones en ayudas directas para contribuir a recuperar la actividad económica y empresarial de Ceuta y reforzar la confianza de consumidores, visitantes y empresas (con bonos de consumo y al turismo.
Asimismo, el texto incluye una bonificación del Impuesto de Sociedades hasta pasar del 50% al 60% para entidades residentes en Ceuta y Melilla, y para las que mantienen actividad y puestos de trabajo en la ciudad. Incorpora también mejoras en la tributación del IRPF para los autónomos. Ambas medidas (12 millones de rebaja fiscal) serán permanentes en las dos ciudades que, según Cuerpo, afrontan retos similares.
En paralelo, se aprobó un millón de euros para el ‘Plan Ceuta Exporta’, que el CEX pondrá en marcha y un millón de euros para una campaña de promoción internacional de Ceuta como destino turístico.
El Gobierno, que articuló también una línea de avales del Instituto de Crédito Oficial (ICO) por hasta 50 millones de euros, incorporó en el decreto un conjunto de medidas laborales.
Estas iniciativas incluyen un régimen específico de fuerza mayor para los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) con exenciones del 100% de las cotizaciones a la Seguridad Social y también un aumento de la bonificación al 75% en las contrataciones indefinidas o por sustitución por incapacidad temporal.
El Ministerio de Trabajo y Economía Social, a través del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), destinará un importe de 650.000 euros en subvenciones para financiar programas de formación de ámbito territorial en Ceuta dirigidos prioritariamente a personas trabajadoras ocupadas y estarán adaptados a las necesidades del tejido productivo y a los retos tecnológicos, organizativos y sectoriales.
Los ERTE derivados de los acontecimientos acaecidos en Ceuta a partir del 30 de julio de 2026 tendrán un marco específico por fuerza mayor hasta el 31 de diciembre de 2026. De esta manera, se amplía el ámbito de aplicación para las suspensiones totales o parciales de la actividad laboral y las reducciones de jornada que puedan guardar una relación directa o indirecta con esta situación.
La solicitud del informe de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social tendrá carácter potestativo para la autoridad laboral, sin perjuicio de la posterior comprobación de los requisitos y de la concurrencia de la causa.
Las empresas de Ceuta afectadas por estos ERTE podrán beneficiarse de una exención del 100% de la aportación empresarial a la Seguridad Social, por contingencias comunes, profesionales y conceptos de recaudación conjunta, respecto de las cuotas de septiembre a diciembre de 2026 correspondientes a las personas trabajadoras y períodos afectados por la suspensión o reducción de jornada.
El ministro reconoció que Ceuta tiene “retos estructurales” en materia económica, a los que se añaden los derivados de la crisis migratoria, aunque puso en valor la mejora de las cifras de la ciudad autónoma durante los últimos años, como la caída del paro en siete puntos porcentuales. Cuerpo subrayó la importancia del “esfuerzo” del Estado para reforzar a Ceuta y señaló que no se van a “escatimar esfuerzos” para que la ciudad autónoma recupere la “normalidad” y, al mismo tiempo, se reduzcan las “brechas” que arrastra el territorio.
En cuanto al impacto de la crisis migratoria en la economía y el pequeño comercio, el ministro señaló que se han detectado al inicio picos de reducción de consumo eléctrico de hasta el 60%, aunque se mostró convencido de que este paquete de medidas ayudarán a superar estas consecuencias negativas.
