Aunque el Gobierno ha aprobado un sistema de revisión de precios en los contratos públicos que permiten actualizarlos en función de la subida de los materiales, la patronal considera que es insuficiente para dar seguridad a las compañías. Por ello, la CNC ha exigido una prórroga urgente del citado sistema, cuya vigencia caduca en marzo. Aunque el Ministerio de Transportes, parece ser consciente del problema, la clave está en conseguir el visto bueno tanto del ministerio de Hacienda como del de Economía, .
«La finalización del mecanismo supondría una amenaza para la actividad del sector y, por ende, comprometería las inversiones contenidas en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR)», alertan desde la patronal. Siete de cada 10 euros tienen relación con el sector de la construcción.
El actual mecanismo de revisión de precios es, en todo caso, insuficiente en sus términos actuales para afrontar subidas de la energía o de un 138,5% en materiales básicos para el sector, según cifras del Ministerio. Pese a las sucesivas revisiones del sistema de revisión de precios, sigue sin ser aplicable a la gran mayoría de obras. No en vano, Fernández Alén recuerda que las disoluciones de constructoras aumentaron un 17% el año pasado, hasta superar las 6.300; y los concursos de acreedores se dispararon un 28%, hasta superar las más de 1.500 empresas, especialmente pymes.
Por ello, desde la patronal creen necesario que el sistema incluya la revisión del coste de la mano de obra, la energía y los contratos de conservación y mantenimiento, servicios y de concesiones. También piden eliminar trabas para su aplicación y lamentan que las corporaciones locales en su gran mayoría no están atendiendo a las peticiones de las compañías o dando el silencio negativo por respuesta. La patronal pide también eliminar o modificar a la baja el umbral de acceso a la revisión del 5% y el límite del 20% en el cálculo de la misma. Asimismo, creen que el mecanismo de reequilibrio económico gozaría de mayor estabilidad si se incluyese directamente en la Ley de Contratos del Sector Público.
La patronal también reclama que se revisen los criterios exigidos a las empresas para acreditar la solvencia técnica. En este sentido, Fernández Alén lamenta que para permitir su acreditación está perdiendo peso la experiencia en obras similares y gana importancia la posesión de medios propios. Además, reclaman eliminar la tasa por dirección e inspección de obra, que data de los años sesenta y causa un especial impacto en las pequeñas y medianas empresas del sector.
Desde la CNC avisan de que a todo esta situación se suman las subidas de los costes laborales así como de las cargas administrativas que soportan las empresas. La patronal también lamenta las exigencias en los pliegos de tener medios adscritos a obra -personales y materiales-, lo que obliga a las empresas a incrementar su estructura.
