La exvicepresidenta del Consell se sentará en el banquillo de los acusados por siete delitos que le imputa Vox y otra asociación de ultraderecha: prevaricación, malversación, contra la integridad moral, omisión del deber de perseguir delitos, encubrimiento y abandono de menores.
El auto llega tras la orden que dio la Audiencia de Valencia, que contravino la decisión que había tomado por segunda vez el juzgado de Instrucción, que, como la Fiscalía, estima que no hay suficientes indicios de delito y había optado por archivar la causa.
El órgano competente para enjuiciar la causa es la Audiencia de Valencia.
Tal y como ordenó la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Valencia el pasado mes de febrero, el juez instructor ha acordado así la apertura de juicio oral aunque contra su propio criterio, ya que no halló indicios de delito, y el de la Fiscalía, que no ha formulado acusación. Fueron las acusaciones, tanto la particular como las populares, que ejercen Vox y la asociación Gobierna-te, las que recurrieron el archivo de la causa y las que han obtenido un pronunciamiento favorable por parte de la Audiencia Provincial, que ha propiciado que este sumario llegue finalmente a juicio.
El auto de apertura de juicio oral no modifica la situación personal de los procesados, aunque les reclama una fianza conjunta y solidaria de 120.000 euros y declara la responsabilidad civil subsidiaria de la Generalitat
La causa contra Mónica Oltra por presuntamente, junto a sus colaboradores, encubrir los abusos sexuales cometidos por su ex marido, Luis Ramírez Icardi, ha sido archivada ya en dos ocasiones. La primera, en junio el juzgado de instrucción número 15 decidió denegar la apertura de juicio oral y el sobreseimiento provisional de la causa, al no apreciar indicios suficientes de delito. Una decisión que recurrieron dos acusaciones, las que ejercen los ultras de Gobierna-TE y Vox. El juzgado rechazó estos dos recursos en diciembre y decidió de nuevo archivar la causa contra la exvicepresidenta de la Generalitat y contra el resto de responsables de la conselleria imputados, ya que no apreciaba indicios que demuestren la teoría de las acusaciones sobre el presunto encubrimiento. El juzgado se alineaba así con la tesis de la Fiscalía que, en su razonamiento, afirma que hay que evitar que un ciudadano se vea acusado ante un tribunal sin fundamento para ello.
