La magistrada quiere conocer con más detalle qué ocurrió sobre el terreno, qué información manejó la cadena de mando y cómo actuaron los agentes encargados de la vigilancia de la frontera. El objetivo es completar la reconstrucción de los hechos y contrastar las respuestas de la Guardia Civil con los testimonios y documentos ya incorporados a la causa.
La investigación analiza tanto los preparativos previos a la crisis como la respuesta de las autoridades españolas y marroquíes ante la llegada de miles de personas. También examina los medios y la capacidad de actuación disponibles durante aquellos días.
En paralelo, el exjefe de gabinete del exdelegado del Gobierno en Ceuta, Gonzalo Sanz, declaró ante la juez que trasladó personalmente a Miguel Ángel Pérez Triano los mensajes de alerta enviados por el CNI el 29 de julio, un día antes de la entrada masiva de migrantes.
Sanz, que aportó información de su teléfono móvil y dimitió tras conocerse la existencia de esos mensajes, ratificó el contenido de su carta de renuncia. Su versión contradice la mantenida por Pérez Triano, quien aseguró públicamente no haber tenido conocimiento de esas comunicaciones.
La magistrada trata ahora de determinar qué información estaba disponible antes de la crisis y cómo fue gestionada por las distintas autoridades implicadas.
