Según datos del Ministerio de Justicia obtenidos a través de Transparencia, en lo que va de siglo las indemnizaciones suman más de 78 millones de euros. De esa cantidad, 34 millones fueron reconocidos por la vía administrativa y 44 millones tras resoluciones judiciales que corrigieron decisiones del propio Ministerio.
El fuerte incremento de 2025 se explica principalmente por sentencias de los tribunales, que obligaron al Estado a desembolsar 4,86 millones de euros, frente a los 1,87 millones reconocidos directamente por la Administración.
El aumento coincide además con un mayor volumen de reclamaciones. Durante 2025 se iniciaron 911 expedientes, frente a los 745 del año anterior. Destaca especialmente el crecimiento de las reclamaciones por error judicial, que pasaron de 66 a 157 en apenas un año.
De los 580 expedientes resueltos en 2025, 183 fueron estimados, lo que supone que casi uno de cada tres reclamantes obtuvo una indemnización.
Uno de los casos más relevantes es el de Ahmed Tommouhi, a quien el Tribunal Supremo reconoció una indemnización de 2,5 millones de euros tras permanecer 15 años en prisión por delitos de violación de los que finalmente fue absuelto. El alto tribunal concluyó que existió un error judicial al ignorarse una prueba biológica que descartaba su implicación y calificó el caso de «extraordinaria gravedad» por la prolongada privación de libertad sufrida.
El caso ilustra el elevado coste humano y económico que pueden tener los errores judiciales y explica, en parte, el récord de indemnizaciones alcanzado por el Estado en 2025.
