Según comunicó el organismo de la competencia, ha multado, por un lado, a Cohemo, SDLE y JPG por repartirse licitaciones relacionadas con el suministro, el mantenimiento y la modernización de vehículos militares entre enero de 2016 y junio de 2021.
En segundo lugar, la CNMC ha sancionado a Casli por manipular un acuerdo marco para comprar contenedores militares entre septiembre de 2019 y noviembre de 2021. El organismo subrayó que “las empresas se repartieron contratos”, y, en concreto, “llevaron a cabo pactos de no concurrencia, emitieron ofertas de cobertura, retiraron o no justificaron ofertas, e instrumentalizaron el sistema de colaboración temporal entre empresas (UTE)”. Así, los acuerdos anticompetitivos afectaron a casi un centenar de contratos, valorados en 60 millones de euros. Se trató de 13 acuerdos marcos (AM), sus correspondientes 81 contratos (CBAM), y otros 10 contratos públicos. Estas licitaciones estaban relacionadas con el mantenimiento de vehículos militares (como los Centauro, Leopard, Pizarro, BMR, VEC y RG-31) y material de campamento.
La CNMC recordó que este tipo de acuerdos anticompetitivos están prohibidos por la Ley 15/2007, de Defensa de la Competencia, y suponen una infracción muy grave constitutiva de cártel que puede ser sancionada hasta con un 10% del volumen de negocios de las empresas. Así, las dos conductas calificadas de ‘cártel’ han resultado en diversas sanciones. En primer lugar, se ha multado con 1,068 millones de euros por la primera infracción y 450.000 euros por la segunda. Su matriz responde solidariamente por 291.103 euros por la primera infracción y por 384.855 euros por la segunda.
También se multa a SDLE con 3,303 millones de euros, a JPG con 1,304 millones y a Casli, y solidariamente a su matriz con 100.000 euros.
Asimismo, se imponen sanciones a directivos de estas empresas. En concreto, Antonio Molina es multado con 34.000 euros; Aurelio Estrella, con 52.000 euros; Manuel Estrella, con 52.000 euros; Óscar Agudo, con 45.000 euros; Raúl Pérez, con 42.000 euros y Hernando, con 60.000 euros. Por otro lado, la CNMC consideró que corresponde aplicar a las empresas la prohibición de contratar prevista en la ley, pero “valora positivamente” algunos de los programas de cumplimiento normativo que han presentado las empresas sancionadas, y les ha pedido revisarlos dentro de seis meses. Así, el organismo apuntó que, si considera que las empresas “siguen teniendo la voluntad de cumplimiento y promoción de la cultura de defensa de la competencia, propondrá a la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado que tenga en cuenta sus programas”.