Se trata, curiosamente, del mismo motivo por el que la Mesa anuló previamente el contrato obtenido por MaSOrange. En su sesión del 12 de noviembre de 2025, la Mesa concluyó que la unión temporal liderada por la filial de Telefónica debía quedar fuera del lote 3, relativo a los servicios de interconexión de centros de proceso de datos, seguridad e Internet, dentro del expediente de ‘Servicios consolidados de telecomunicaciones de la Administración General del Estado y otras entidades públicas’ (Fase III).
El órgano colegiado afirma que la empresa Govertis Advisory Services, que aportaba solvencia técnica a la UTE, tiene más de 50 trabajadores y, pese a estar legalmente obligada, no consta con plan de igualdad inscrito en el registro oficial.
La Mesa señala que, al verificarse de oficio en el registro de planes de igualdad (Regcon) la ausencia de inscripción de Govertis, concurre una causa de prohibición de contratar conforme a la Ley de Contratos del Sector Público, al tratarse de un requisito personal imprescindible para acceder al contrato.
El acta detalla que esta sociedad del grupo Telefónica figuraba como entidad que integra solvencia técnica de la UTE, por lo que la falta de plan de igualdad afecta directamente a la aptitud de la oferta. Antes de la decisión, la UTE TdE-TSOL intentó sustituir a Govertis por otra empresa del grupo, Telefónica Cybersecurity & Cloud Tech (TCCT), alegando que esta última habría desarrollado ya las capacidades necesarias para asumir los perfiles comprometidos, incluido el responsable de ‘compliance’.
La Mesa rechaza esta posibilidad al entender que supondría modificar la oferta fuera de plazo y completar la solvencia de la licitadora después del cierre de presentación de proposiciones, vulnerando los principios de igualdad de trato, transparencia y libre concurrencia.
El acuerdo de la Mesa precisa que, de prosperar la exclusión por parte del órgano de contratación, la licitación del lote 3 quedará desierta, al no existir otro licitador con oferta clasificada en este tramo del contrato. Además, se traslada al órgano de contratación una consulta sobre los posibles efectos que esta situación pudiera tener en el lote 1, que comparte el mismo adjudicatario propuesto.
El expediente forma parte de la tercera fase de los servicios consolidados de telecomunicaciones, que agrupan los contratos de comunicaciones de la AGE y de otras entidades públicas bajo la coordinación de la Secretaría de Estado de Función Pública.
