Para muchos trabajadores, el problema ya no es encontrar empleo, sino comprobar que tenerlo no garantiza mantener el nivel de vida.
Los datos son contundentes. Desde 2020, los salarios medios en España han aumentado un 16%, mientras que los precios lo han hecho un 22%. El resultado es una pérdida de poder adquisitivo del 4,6%, una de las mayores de toda la Unión Europea. De hecho, solo Italia y la República Checa presentan un deterioro mayor de la capacidad de compra de sus ciudadanos.
Esa pérdida de renta real se refleja con especial crudeza en la cesta de la compra. Aunque la inflación alimentaria se sitúa en niveles moderados respecto a los máximos alcanzados tras la pandemia, muchos productos básicos siguen registrando incrementos muy superiores a la media. Las bayas se han encarecido un 35,7% en el último año; los cítricos, un 17,1%; las legumbres frescas, un 15,9%; y los huevos, un 12,5%. A ello se suman aumentos en pescado, marisco y otros alimentos esenciales para una dieta equilibrada.
La consecuencia es evidente. Cada vez más hogares llegan a la última semana del mes con la necesidad de recortar gastos, posponer compras o sustituir productos frescos por alternativas más baratas. Comer sano empieza a convertirse en un lujo para muchas familias. Y cuando una alimentación equilibrada deja de estar al alcance de una parte de la población, estamos ante un problema social de primera magnitud.
La situación se agrava porque la presión sobre el presupuesto familiar no procede únicamente del supermercado. La vivienda absorbe una parte creciente de los ingresos, los costes energéticos vuelven a repuntar y las hipotecas variables afrontan nuevas revisiones al alza por la subida del euríbor. Todo ello reduce todavía más el margen económico de los hogares.
Lo más preocupante es que el empobrecimiento se está normalizando. España crea empleo, pero una parte significativa de los trabajadores comprueba que ese esfuerzo no se traduce en una mejora real de sus condiciones de vida. La sensación de trabajar más para llegar a menos es cada vez más común.
La política económica no puede conformarse con exhibir buenas cifras macroeconómicas mientras una parte de la población pierde capacidad de compra año tras año. El verdadero termómetro del bienestar no es el crecimiento del PIB ni los récords de afiliación, sino la capacidad de una familia para pagar la vivienda, llenar la nevera y afrontar imprevistos sin que cada final de mes se convierta en una cuenta atrás.
Porque cuando el salario deja de seguir el ritmo de los precios, la inflación deja de ser una estadística y se convierte en una amenaza directa para la calidad de vida de millones de ciudadanos.
Y esa es una realidad que ningún Gobierno debería ignorar.
