En dicha fecha, las eléctricas propietarias de la central nuclear de Almaraz —Iberdrola, Endesa y Naturgy— deberán presentar al Consejo de Seguridad Nuclear la petición oficial de cierre de la planta. De hecho, desde la central ya trabajan en preparar «de forma segura y eficiente» la transición al desmantelamiento de la planta, tal y como informó el complejo de Almaraz en un comunicado. En base a este y a otros hechos acontecidos recientemente, cabe pensar que asistiremos inevitablemente al cierre paulatino de los siete reactores nucleares. Sin embargo, todavía persiste cierto optimismo en que se revierta la situación, ya que materialmente aún hay tiempo para prolongar la vida de las centrales.
Para que las nucleares puedan funcionar durante algunos años más, la única oportunidad pasa por que tanto el Gobierno como las eléctricas muestren predisposición a ello. En el caso de eléctricas, estas deberían presentar una petición formal que cumpla los tres requisitos anunciados por el presidente del Gobierno, durante su posterior intervención en el Congreso para rendir cuentas por el apagón que afectó a la Península Ibérica el pasado 28 de abril: que la prórroga garantice la seguridad de los ciudadanos; que sea económicamente viable, que lo costeen los «ultrarricos que presiden esas energéticas» y que no salga del bolsillo del contribuyente; y que garantice la seguridad del suministro eléctrico. «Tres criterios que me parecen absolutamente de sentido común», enfatizó Sánchez desde tribuna. Y aunque el presidente no lo incluyó, Transición Ecológica añadió como requisito en marzo que las empresas propietarias muestren una postura unificada; algo que no ocurrió en el primer gran movimiento que maniobraron Iberdrola y Endesa en junio, cuando reclamaron la extensión de la vida útil de las centrales sin contar con el apoyo ni de Naturgy ni de la portuguesa EDP.
«El Miteco ha recibido una carta relativa a la prolongación de la vida útil de varias centrales nucleares de Endesa e Iberdrola que no firman ni Naturgy ni EDP, las otras dos compañías firmantes del Protocolo de cierre de 2019. En varias centrales, Almaraz entre ellas, hay una comunidad de bienes que obliga a la unanimidad de los partícipes, con independencia de su porcentaje de participación», justificaron fuentes de Transición Ecológica ante los medios. Cabe señalar que la participación de Naturgy se limita a un 34,5% en la central de Trillo, así como a un 11,3% en el complejo de Almaraz; por su parte, la participación de EDP es aún más escueta, con tan solo un 15,5% en la central guadalajareña.
Las eléctricas trabajan a contrarreloj para intentar ultimar una postura común que cumpla con los requisitos exigidos por Moncloa, aunque el acuerdo todavía no se ha alcanzado. Faltaría, según estas fuentes, concretar qué centrales se incluirán en el acuerdo y cómo se formulará la reforma impositiva, probablemente el principal escollo. Y aun con ello, estaría por ver qué respondería el Ejecutivo, que en su último programa electoral de 2023 asumió el compromiso de continuar con el desmantelamiento de las centrales nucleares —»Aprobaremos el 7º Plan General de Residuos Radioactivos. Este nuevo plan integrará las necesidades para la gestión de residuos radioactivos y las futuras necesidades en el desmantelamiento ordenado y progresivo de las centrales nucleares», recogía dicho programa—.
En este ambiente, la plataforma ‘Sí a Almaraz, Sí al futuro’ se movilizará el próximo 4 de octubre con un gran acto en Navalmoral de la Mata, en el que se darán cita cerca de 80 entidades adheridas a la plataforma y que contará con la presencia de Guardiola, presidenta de la Junta de Extremadura, y del presidente de la Diputación de Cáceres, Morales. Remarcan que el cierre conllevará la pérdida de 4.000 empleos directos e indirectos, así como de alrededor del 5% del PIB extremeño.
