«El Gobierno ahora tiene que mirar la existencia de posibles razones de interés general que se vean afectadas por esta operación, porque así nos habilita la regulación, la normativa doméstica, y eso es lo que estamos haciendo», ha explicado.
La OPA ha ido superando varias fases desde que se lanzó hace un año. Entre ellas, las más importantes es la no oposición por parte del Banco Central Europeo (BCE), cuyo examen se centra en solvencia. Hace unas semanas, también recibió el visto bueno al examen de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que autorizó la concentración en segunda fase con una serie de compromisos.
El Gobierno puede ahora aprobar el expediente en los términos aprobados por la CNMC o modificar las condiciones de la operación.
En la orden para elevar la operación, Cuerpo fundamentó la decisión en el potencial impacto en la garantía de un adecuado mantenimiento de los objetivos de regulación sectorial, la protección de los trabajadores, la cohesión territorial, la promoción de la investigación y el desarrollo tecnológico y los objetivos de política social. «Ya desde el principio dijimos que estábamos muy preocupados por el impacto potencial de esta operación», ha dicho el ministro este jueves. «Estábamos también preocupados por motivos más allá de la competencia, asociados al impacto potencial en empleo, cohesión regional, inclusión financiera, entre otros, y este es el marco en el cual estamos analizando esta operación», ha apostillado.
