El titular de Economía ha afirmado que la normativa española habilitaba al Gobierno a imponer condiciones que tuvieran en cuenta el interés general, más allá de las condiciones asociadas a la competencia. «Estas condiciones, además, tienen que tener un elemento de proporcionalidad y esta es la actuación que ha llevado a cabo el Gobierno», ha agregado Cuerpo, tras mostrarse «convencido» de que la normativa española está «plenamente alineada» con la europea.
El pasado 24 de junio, el Consejo de Ministros decidió autorizar la opa de BBVA con la condición de que durante los tres próximos años las entidades mantengan personalidad jurídica independiente, es decir, vetando la fusión. Transcurrido este plazo, el Consejo de Ministros valorará la eficacia de la condición establecida, pudiendo ampliar su duración por un periodo adicional de otros dos años.
El mismo día que se dio a conocer la decisión del Gobierno español, la Comisión Europea volvió a advertir a España de que «utilizará sus poderes como guardián de los tratados para eliminar cualquier restricción injustificada al mercado único impuesta por los Estados miembro».
La Comisión ya abrió a finales de 2024 un proceso informal de intercambio de información para analizar si la actuación del Gobierno se ajusta a la legislación comunitaria, conocido como EU Pilot, paso previo a la apertura de un procedimiento de infracción, aunque aclaran que el inicio de este proceso no prejuzga la apertura de un expediente.
