Al tercer trimestre de 2025, Petroperú reportaba una deuda acumulada de 5.350 millones de dólares y pérdidas acumuladas netas de unos 2.224 millones de dólares y medios locales han difundido que próximamente habrá recortes de empleo. Esta semana, cientos de trabajadores de la petrolera estatal se declararon en huelga de 72 horas, y este martes marcharon por el centro histórico de Lima para exigir al Gobierno que derogue un decreto de reestructuración patrimonial de la compañía que, según afirman, permitirá la «privatización encubierta» de la empresa.
La Agencia de Promoción de la Inversión Privada (Proinversión), organismo adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas, anunció que esta contratación, publicada en una resolución de la Presidencia, se da conforme «al mandato otorgado por el Estado peruano».
«La selección de la consultora marca el cierre de la primera fase del proceso anunciado por Proinversión y responde a un cronograma técnico exigente, diseñado para asegurar decisiones oportunas, informadas y alineadas con las mejores prácticas internacionales», agregó la agencia. Según explicaron, Proinversión ha asumido «plenamente» la responsabilidad de identificar y seleccionar a las mejores consultoras del mundo para «un proceso de esta magnitud y sensibilidad», en relación a intentar superar la grave crisis financiera que atraviesa la compañía estatal. «La firma seleccionada reúne solvencia técnica, trayectoria comprobada y experiencia real en procesos complejos de reestructuración de empresas estatales estratégicas», señaló el presidente ejecutivo de Proinversión, Del Carpio. También, destacó que el rol de la consultora será «estrictamente técnico y de asesoría especializada, actuando bajo los lineamientos, decisiones y conducción del Estado peruano».
«Los avances y las decisiones relevantes serán informados oportunamente a la ciudadanía y a los actores involucrados, en coordinación estrecha con Petroperú y los sectores competentes», precisó Del Carpio. Proinversión señaló que la reorganización patrimonial no implica privatización ni liquidación de Petroperú, sino un proceso de ordenamiento financiero y operativo responsable, orientado a asegurar su viabilidad, su rol como empresa estatal estratégica y la seguridad energética del país.
