El informe deberá tener en cuenta la evolución de la inflación, especialmente su impacto en los hogares con menores ingresos, así como el contexto de crecimiento económico.
Díaz no ha precisado qué dato de inflación servirá de referencia para calcular la subida. Mientras el IPC de septiembre se situó en el 4,9%, la media acumulada del año ronda el 3,2%, una diferencia que podría influir significativamente en la cuantía final del aumento.
Si se aplicara una subida del 4,9%, el SMI ascendería hasta unos 1.281 euros brutos mensuales en 14 pagas, mientras que un incremento cercano al 3,2% lo elevaría a 1.261 euros.
El Ministerio de Trabajo espera recibir el informe de los expertos a finales de octubre o principios de noviembre. Después convocará a sindicatos y patronal para abordar la negociación, aunque la decisión final corresponde al Gobierno mediante real decreto.
La ministra ha restado importancia a que el proceso coincida con la campaña electoral y ha insistido en que sigue el calendario habitual. Tanto Díaz como la presidenta de la comisión asesora, Begoña Cueto, han destacado que la experiencia acumulada en los últimos años permitirá agilizar los trabajos y formular una propuesta en un plazo reducido.
