“Por fin tenemos acuerdos con sindicatos para ya no tener más falsos becarios y tener el estatuto que se merece nuestro país”, ha proclamado durante una declaración tras el acuerdo de Sumar con una quincena de formaciones de izquierda para concurrir en coalición en las próximas elecciones generales del 23 de julio. El texto deberá ser tramitado ahora por la Diputación Permanente del Congreso ya que está disueltas las Cámaras por la convocatoria de los comicios.
Tras más de un año de negociaciones, el acuerdo de la norma que pretende regular las condiciones laborales de los estudiantes en prácticas se ha alcanzado sin el apoyo de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE).
Según indicaron el viernes fuentes de CCOO el documento que se pretende aprobar como real decreto en el Consejo de Ministros, no eliminará las prácticas extracurriculares. Por su parte, UGT indicó que la norma recogerá “gran parte” de las demandas sindicales como son la definición clara de las prácticas para evitar fraudes, la compensación de gastos o el establecimiento de un régimen sancionador efectivamente disuasorio.
La patronal ha rechazado la forma del acuerdo porque “no es apropiada la aprobación de esta norma en un periodo de disolución de las Cámaras ni concurre la urgente y extraordinaria necesidad”, y no lo apoya “por el fondo”. A su juicio, el conocido como Estatuto del Becario “limita tanto el número de horas e incrementa tanto la burocracia que perjudicará la formación práctica del alumnado, algo imprescindible para garantizar su empleabilidad y para tender puentes entre la formación teórica y el mundo del trabajo”. Al respecto, ha agregado que también “hay discrepancias entre la regulación de esta norma y la normativa universitaria recientemente aprobada con lo que el riesgo de incurrir sanciones por falta de seguridad jurídica es alto”.
La red de Fundaciones Universidad Empresa (RedFue), por su parte, ha manifestado que se opone frontalmente al acuerdo. Más de 1,15 millones de estudiantes universitarios y de formación profesional (650.000 de la Universidad y 500.000 de FP) podrían quedarse sin poder realizar prácticas y no podrán finalizar sus estudios, según esta esta organización, vinculada institucionalmente a través de sus miembros a 43 Universidades españolas y más de 15.000 empresas. “Todos estamos de acuerdo en la necesidad de establecer una legislación que impida cualquier posible fraude, pero se debe legislar para mejorar lo existente, de forma consensuada, sin sesgos de confirmación y con toda la comunidad educativa, no sólo con los agentes sociales”, ha subrayado RedFue en un comunicado.
