El miércoles que viene, el Pleno del Congreso decidirá si la reducción de la jornada laboral sigue su tramitación parlamentaria o muere. Y el problema es que no hay avances con Junts, autor de una de las tres enmiendas a la totalidad presentadas contra la norma que los diputados votarán ese día. Las otras dos son del PP y de Vox.
Sin embargo, no es a Junts a quien se ha dirigido Díaz ha responsabilizado al partido de Alberto Núñez Feijóo de lo que pase el día 10 en el Congreso, e incluso lo ha amenazado. «El debate de la reducción de jornada les va a perseguir en términos democráticos a todo el mundo. Los votantes del PP también están esperando esa reducción. Hay partidos políticos que se creen que la ciudadanía no sabe lo que hacen las formaciones políticas. Claro que lo saben, ¿eh? Las trabajadoras del comercio lo van a saber, y los de la hostelería, y la agricultura».
Durante la misma, la número tres del Gobierno no tuvo un solo reproche para Junts, socio discontinuo del Gobierno. Solo para el PP. Una retahíla de ellos. «Estamos aquí para hacer el bien, otros están para hacer el mal. Y no hablo exactamente de tal (en alusión a Junts). Hablo de 137 diputados y diputadas que están bloqueando todo lo que hacemos», se quejó. «Esta norma demuestra que tenemos una oposición que es muy mala para este país, no es el Gobierno de España el que está fallando», añadió. «Que le hable a España, que le diga a sus trabajadores y trabajadoras que va a votar en contra». «¿El PP va a volver a golpear a los trabajadores como con la reforma laboral o se va a poner del lado del negacionismo laboral?».
En este contexto y tras la foto de Illa con Puigdemont, el Gobierno confía en que, tras la foto entre Salvador Illa y Carles Puigdemont, el fugado acceda a retirar su enmienda a la totalidad. Y, a partir de ahí, negociar enmiendas parciales con el grupo parlamentario que comanda Míriam Nogueras. No obstante, no hay un solo dato objetivo que invite a pensar que eso será lo que pase. Por el contrario, en las últimas horas los independentistas catalanes han reiterado su oposición a una ley que, según ellos, solo ha sido acordada con los sindicatos españoles.
