Díaz también se ha referido a la subida del SMI que prepara para 2025 y a la reducción de jornada hasta las 37,5 horas semanales que pretende tener acordada con CCOO y UGT «en estos días». «Voy a alcanzar un acuerdo con los sindicatos, va a llegar a esta Cámara el debate de la jornada laboral, para que la gente trabajadora de este país pueda vivir un poquito mejor. Yo digo pocas cosas, pero lo que digo lo cumplo. No puedo dar plazos, ya me gustaría, pero sin lugar a dudas vamos a tener un año nuevo con jornada reducida», ha subrayado la ministra.
La vicepresidenta segunda ha lamentado la negativa de la patronal a acordar la reducción de la jornada laboral con Gobierno y sindicatos. «Parece que en esta ocasión la patronal hace partidismo, en lugar de hacer lo que tiene que hacer, que es institucionalmente dialogar», ha criticado. Respecto al SMI, Díaz ha afirmado, en declaraciones posteriores a RNE que también habrá acuerdo para elevar su cuantía en 2025, al menos con la parte sindical. «Oponerse hoy a subir el salario mínimo es ir en contra del sentido común», ha defendido.
La vicepresidenta segunda ha subrayado que desde que llegó al Ministerio ha combatido «estándares neoliberales, puramente ideológicos» sobre los efectos negativos de subir el SMI en el empleo. «Dijeron que iba a haber una hecatombe, ya hemos visto que no, tenemos un nivel de ocupación brutal en España, 21,8 millones de ocupados. Por tanto, colocarse hoy en contra de lo que ya España conoce que es bueno, me parece que es un sinsentido», ha añadido.
Díaz ha afirmado que aunque el año pasado se pactó la subida del SMI en febrero, con efectos retroactivos desde el 1 de enero, «no quiere prolongar mucho» la negociación con los agentes sociales «para no causar incordios en las empresas y demás».
La vicepresidenta segunda también se ha referido al problema de la vivienda en España, la «principal tarea pendiente de España». En este sentido, ha considerado «muy mala práctica política» que once comunidades autónomas gobernadas por el PP se hayan «rebelado» contra la Ley de Vivienda. «No es rebelarse frente al Gobierno, es condenar a sus ciudadanos y ciudadanas a tener, a sufrir, precios de alquileres absolutamente imposibles»
